Sólo horas después de que el gobernador Jerry Brown firmara la Ley DREAM de California, que permitirá que estudiantes que son inmigrantes ilegales estén habilitados para recibir ayuda financiera del estado en universidades públicas y community colleges, empezaron a circular mensajes electrónicos de celebración.

"¡Fantástico! Qué noticia maravillosa para nuestros estudiantes hispanos. ¡Esto es ganar!", expresó un alborozado destinatario de un mensaje electrónico masivo sobre la nueva legislación. La ley, que entrará en vigencia en 2013, también habilitará a estudiantes indocumentados para recibir subvenciones y exenciones institucionales, dentro de la comunidad de educación superior de California.

¿Ganar? Políticamente, quizás, aunque es una exageración —este nuevo hecho sin duda provocará más ira dirigida a los inmigrantes ilegales. La ley es terriblemente engañosa para muchos electorados, especialmente para los mismos estudiantes recientemente habilitados.

El texto de un comunicado de prensa en el sitio Web del gobernador dice que la ley "permite que los estudiantes más destacados, que están en camino a la ciudadanía, soliciten asistencia financiera para la universidad".

Primero, no confiere ciudadanía. Puesto que hay pocas posibilidades de que la reforma migratoria integral o leyes aisladas, como la Ley Dream federal, sean aprobadas en un futuro cercano —las propuestas de ley de ese tipo han fracasado sistemáticamente durante 10 años y la actual furia contra la inmigración no disminuirá hasta mucho después de que la economía vuelva a su curso— la parte de "en camino a la ciudadanía" es una tremenda exageración. Pero algunos grupos de presión desean, aún así, oírla, porque finge la existencia de un ímpetu político nacional detrás de tales movidas.

La parte sobre "los estudiantes más destacados" también está inflada. California es sumamente generosa con la asistencia para la matrícula estudiantil e, incluso en el caso de los llamados "premios competitivos", estudiantes con promedios de incluso "2"--una "C"–pueden estar habilitados para recibir dinero que nunca ha de ser devuelto. Probablemente, la frase se incluyó para que los californianos se sintieran mejor en cuanto a los beneficiarios de sus contribuciones fiscales.

La verdad es que esas becas generalmente sólo ayudan mínimamente a pagar el costo de asistir a la universidad. Incluso si un estudiante asiste a un community college, generalmente hay una gran brecha entre la Subvención Cal y el costo total de la matrícula, tarifas, libros, y gastos de transporte y vivienda. Y los  inmigrantes ilegales no están habilitados para recibir ningún tipo de asistencia estudiantil federal.

Pero los costos no son el mayor punto de debate —los estudiantes verdaderamente ingeniosos generalmente encuentran la forma de pagar la universidad, y California calcula que sólo alrededor de un 1 por ciento de todos los fondos de la Subvención Cal podría potencialmente ir a parar a estudiantes indocumentados.

Consideremos la cruda realidad de la situación. La ley fue vendida a los californianos como un beneficio para la afligida base fiscal del estado y, en verdad, la mayoría de los estados sabe cuáles son los ingresos proyectados por cada nuevo diplomado universitario. En Illinois, se estima que en el plazo de seis años desde la matrícula de un estudiante en un community college, los impuestos que pagará por sus ingresos crecerán un 70 por ciento, comparado con un 7 por ciento, para un contribuyente poco remunerado, que no asiste a un community college. Hasta los estudiantes que no se gradúan muestran importantes incrementos en contribuciones fiscales por ingresos.

Pero los  inmigrantes ilegales –incluso los que cuentan con bien merecidos diplomas universitarios— no pueden trabajar legalmente en California, ni en ningún otro lugar, en este país.

Es muy trágico que la misma gente que presiona para que se concedan matrículas de residentes del estado y oportunidades de ayuda financiera a los inmigrantes ilegales nunca mencione el hecho de que, a menos que se instaure un amplio programa federal de amnistía,   estos estudiantes no tendrán la oportunidad de ejercer sus profesiones.

Nadie habla nunca sobre el número no-revelado de personas que  lograron asistir a la universidad y son ahora mayores de 35 años, el límite establecido por la versión de la Ley DREAM que se presentó en el Congreso, el año pasado. Pero ellas, como otros graduados universitarios indocumentados que no tienen acceso a puestos de trabajo legítimos en sus áreas  de estudio, están por ahí, apenas arreglándoselas.

¿Y queremos, realmente, más graduados para que se unan a las filas de los que buscan trabajo desesperadamente? Las tasas de desempleo de septiembre indicaron un 9,1 en el ámbito nacional, mientras que en el estado de California llegaron a un doloroso 12,1 por ciento.

La Ley DREAM de California no es producto de un planeamiento cuidadoso, creado para incentivar a los  inmigrantes ilegales del estado ni beneficiar a la población en general--y ya han presentado una petición de referendo para revocar la nueva ley. Es el exacto reverso de tácticas utilizadas en otros estados para reducir la población de inmigrantes ilegales: una legislación que le hace a uno sentirse bien y que sólo apunta tantos políticos para los que buscan la reelección.