El
estado que se ha convertido en el niño-problema de Estados Unidos tomó un giro
al estilo Watergate recientemente, cuando una estación de televisión de Phoenix
reportó que el presidente del Senado de dicho estado, Russell Pearce —autor de
la dura ley migratoria de Arizona— compaginó una "lista negra" de individuos a
quienes se les prohíbe la entrada al edificio del Senado.

            La
acusación proviene de dos senadores estatales demócratas y aparentemente todo
lo que uno necesita hacer para integrar la lista es criticar públicamente a
Pearce o desafiar la ley.

            El
legislador expresó al Arizona Republic que no hay lista alguna y que él nunca
proporcionó nombres específicos a las fuerzas de seguridad. Echó la culpa de la
historia a la "desinformación" generada por los medios.

            Pero
un informe dado a conocer recientemente por la Policía del Capitolio de Arizona
contradice a Pearce. Expresa que el legislador pidió a los oficiales que
"identificaran y fotografiaran" a miembros del público durante la alborotada
reunión de un comité, la semana pasada, y que les negaran el acceso al edificio
del Senado en el futuro. También expresa que "a pedido del presidente del
Senado, Russell Pearce, se restringió la entrada de varios sujetos al edificio
del Senado del estado de Arizona a causa del desorden y alboroto por ellos
creado" y que se proporcionó a la seguridad del Senado "nombres y
descripciones".

            Entre
aquellos a quienes se les ha prohibido la entrada al edificio del Senado se
encuentra Salvador Reza. Este defensor de inmigrantes que reside en Phoenix ha
sido arrestado tres veces desde que la gobernadora Jan Brewer firmara la ley en
abril de 2010. Y aunque algunos tratan deliberadamente de que los arresten como
protesta ante leyes injustas, no parece haber sucedido eso en este caso. Más
bien, parece que Reza ha sido etiquetado como irritante e individualizado para
su arresto por las fuerzas de seguridad.

            Hace
15 años que conozco a Reza y lo considero como un amigo, aunque su posición
política esté mucho más a la izquierda que la mía. Por ejemplo, sólo uno de
nosotros apoya la deportación de inmigrantes ilegales —y no es él. Aún así, lo
respeto como persona. En un debate migratorio lleno de palabras huecas, Reza
está dispuesto a jugarse el cuello. No practica juegos partidistas y tampoco
disculpa a demócratas irresponsables como hacen muchos latinos.

            "Me
importa un (improperio) que sean republicanos o demócratas", me dijo Reza. "Si
están equivocados, a ellos se lo diré".

            Hablé
con Reza poco después de su arresto más reciente, que fue por el "delito" de
tratar de entrar en el edificio del Senado para encontrarse con un legislador.
Dijo que lo pararon en la puerta de entrada y que la policía le dijo que no
podía ingresar en el edificio por orden del presidente del Senado. Le dijeron a
Reza que se fuera o que lo arrestarían. Se negó y terminó esposado. El cargo:
"sospechoso de entrada ilegal".

            Bienvenidos
a la nueva Arizona, donde "constitucional" es sólo una palabra altisonante.

            "Cuando
el presidente del Senado empieza a prohibir la entrada de individuos a los
edificios públicos por sus opiniones políticas", expresó Reza, "entonces es un
estado policía". Reza asegura que él no es una activista y no parece tener
demasiado respeto por ese grupo.

            "Se
activan y después se des-activan", dijo. "Soy un organizador de la comunidad.
Estamos organizando comunidades que no se supone que estén organizadas, y eso
es lo que nos vuelve peligrosos".

            Como
director de los Comités de Defensa del Barrio, el motivo por el que Reza es
peligroso es que organiza inmigrantes —legales e ilegales. A diferencia de
otros hispanos que se asimilan, se mudan a barrios agradables y rápidamente se
distancian de los extranjeros, a Reza no se lo puede comprar.

            En
este momento, está furioso con otro organizador comunitario —el que ocupa ahora
la Casa Blanca.

            "Estamos
tratando de echar la culpa al estado y se la merece", expresó, "pero también
debemos echar la culpa al gobierno de Obama. (El presidente) Obama habló de los
derechos humanos en Egipto, pero no ha dicho ni una palabra sobre los abusos de
los derechos humanos en Arizona". 

            ¿Y
por qué piensa él que eso es así?

            "Es
por conveniencia política", dijo Reza. "Obama no quiere que el tea party
se enfrente con él, por lo tanto se está moviendo a la derecha. El gobierno de
Obama evita encarar a (el sheriff del Condado de Maricopa Joe) Arpaio y
nunca se enfrentarán a Pearce".

            Específicamente,
Reza cree que la investigación del Departamento de Justicia de Arpaio debería
haber finalizado ya y resultado en una acusación formal. Como mínimo, piensa
que Obama debería utilizar su posición para condenar públicamente a lo que
parece estar ocurriendo en Arizona: intimidación política y falsos arrestos.

            Es
uno de los últimos capítulos en la dramática historia de la inmigración en
Arizona —y uno de los más oscuros.

© 2011, The Washington Post
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