Clara Colón vive junto a sus dos hijas en el sur de Nueva Jersey, pendiente de su teléfono y sus redes sociales, los principales medios de contacto que pone a disposición de todas aquellas víctimas de violencia doméstica que puedan requerir su ayuda las 24 horas del día.

“Quiero que más mujeres se den cuenta de que no están solas. Quiero que se den cuenta de lo que tienen que hacer para que no cometan los errores que yo cometí”, explica.

Clara no puede trabajar, las secuelas físicas y psicológicas que le han dejado los 13 años y medio de abusos que sufrió por parte de su entonces marido se lo impiden (en la actualidad busca empleo en organizaciones que ayudan a mujeres víctimas de malos tratos). Lo que, sin embargo, no pueden quitarle es la fuerza para ayudar a otras personas que pasan por el mismo infierno que ella soportó y que comparte con AL DÍA.

“El primer golpe que me dio fue el 1 de diciembre de 1997. Yo pensé que era el estrés del trabajo y lo perdoné. Fue un error por mi parte porque ahora como yo sé, eso fue como darle permiso para que vinieran los próximos golpes”, confiesa.

Clara, nacida en Nueva Jersey de padres dominicanos, había contraído matrimonio ese mismo año con su agresor, un policía de la ciudad de Elizabeth (NJ) al que conocía desde hacía cinco y que, según cuenta, “nunca antes de aquello me dio motivos para pensar que era un abusador”.

A partir de ese momento, comenzó lo que describe como “una vida muy dura para mí” en la que le golpeaba (en una ocasión le rompió una costilla, en otra la nariz), le amenazaba con su arma de trabajo y le torturaba dejándole sin comida o dinero durante días “a modo de castigo cuando no hacía lo que me decía”.

Una violencia que no cesó con el nacimiento de su primera hija, como ella pensaba, y quien también se convirtió en víctima de él. Tampoco con sus embarazos posteriores. Clara cuenta que perdió cinco niños a causa de los golpes, hasta el punto de que su segunda hija nació antes de lo previsto a causa de un puñetazo que provocó que rompiera aguas.

Las denuncias y sus intentos desesperados por buscar ayuda cayeron en saco roto durante años, una situación que achaca al hecho de que su agresor era un miembro del cuerpo de Policía. “Para nosotras, las mujeres que somos abusadas por policías, es lo más difícil porque nosotras no tenemos a nadie a quien acudir. Cuando pedimos ayuda y se dan cuenta de que nuestra pareja es un policía no nos quieren ayudar. Los policías no van uno contra otro”.

Una actitud de desamparo que se extiende más allá del cuerpo de Policía. Según cuenta Clara, todas sus peticiones de ayuda a su cuñado (también policía), a Asuntos Internos e incluso a organismos judiciales fueron ignoradas durante años, pese a las múltiples órdenes de alejamiento y a las evidencias físicas de que estaba sucediendo el abuso.

No olvida tampoco la fecha en la que se produjo el punto de inflexión: el 12 de agosto de 2010, el día que su marido amenazó a su hija con una pistola y consiguió, no sin muchas dificultades, una orden de alejamiento y de detención. Después de aquello, él se entregó a la policía, pero no fue suspendido hasta cinco años más tarde, a raíz de otro incidente doméstico con su posterior pareja.

Un mes después de aquel 12 de agosto, “comenzó mi pesadilla porque llené papeles para divorciarme”. El proceso, para el que tampoco encontró ayuda, se prolongó 5 años y ha tenido para ella un coste de 300.000 dólares. En la actualidad, ni ella ni sus hijas tienen contacto con él, con quien mantiene aún un frente abierto, la manutención de las pequeñas.

“Mi consejo es que cuando te dé la primera vez vete. No lo perdones, es duro, pero es mejor estar vivo que tener que aguantar año tras año. No le deseo eso a nadie. No vuelvas con él. Cuando uno le da esa oportunidad es una sentencia”, explica Clara. “Yo no soy la única, somos muchas. Esto no se lo deseo yo a nadie”.

Una de las muchas a las que se refiere Clara es María (nombre ficticio), quien llegó a Filadelfia embarazada y en compañía de su marido, quien falleció a los pocos días. “Uno de los policías que vino a investigar fue la persona que hoy día es mi esposo y mi abusador”.
María explica que se conocieron a raíz de aquello, pero que no se convirtieron en amigos hasta tiempo después. Tras cuatro años de amistad, en los que “él fue tremendamente respetuoso”, comenzaron una relación.

Cuenta que durante el noviazgo “era posesivo, celoso” pero que ella solo veía las “cualidades buenas, cómo ayudaba a las personas y cómo lo querían en la comunidad”. Sin embargo, todo empeoró cuando se quedó embarazada de su primer hijo en común.
“Cuando pasamos a ser marido y mujer se identificó de tal manera que él creía que yo era de su propiedad. Y él era el que tenía la última palabra, él era el que dirigía todo. Básicamente él era el que movía mi vida”.

Explica que el embarazo fue “bueno” aunque con muchas discusiones. Desde entonces, “no me dejaba salir de la casa si no era con él, me separó de mi familia. […] Yo vengo de una familia de muchos hermanos y él me quitó la libertad de poder tener contacto con mis hermanos porque no quería que yo me desahogara con alguien”.

Comenzó a darse cuenta de que algo no iba bien cuando estaba embarazada de su tercer hijo y empezó a investigar hasta descubrir que tenía antecedentes de violencia doméstica con una exmujer de la que nunca hasta entonces tuvo constancia.

“Él me decía que yo estaba loca y que era bipolar y decidí ir al doctor y él me dijo que los cambios que yo tenía eran por el abuso que él me estaba haciendo pasar. Tuve que pedir ayuda psicológica porque yo tenía tantas depresiones”.

Aunque su abuso se centró más en lo emocional, también hubo físico. “Yo trataba de justificar lo que él me hacía. Yo lo quería tanto, para mi era una persona increíble. Yo estaba ciega”.

Su hermana fue la primera en apuntar que estaba sufriendo violencia doméstica y un curso desarrollado en Congreso de Latinos Unidos (organización de North Philly), al que asistió sin que él lo supiera, terminó de abrirle los ojos.

Asegura que cuando se dio cuenta, él empezó a cambiar “y como dicen, me durmió y yo caí de nuevo”. Sin embargo, al cabo de un tiempo “volvió a lo mismo, porque siempre era así, se calmaba y volvía de nuevo; yo estaba en lo que llaman el ciclo del abuso”. Asegura que tiene como ocho reportes y órdenes de protección que él le hizo retirar.

“Él me decía que nunca me iban a creer porque él era la ley. Yo me sentí como que ya había perdido la lucha y decidí aceptar todo lo que el hacía y me decía y seguir con el abuso”.

Hasta que un día la echó de casa, pero no le permitió llevarse a sus hijos. Un tiempo más tarde la denunció por abandono del hogar. Desde entonces se encuentra batallando por conseguir la custodia de sus hijos, a los que tan solo puede ver un día del fin de semana. También porque se haga justicia respecto al abuso cinco años después: “Esto ha sido más que un abuso […] Eran tantas las amenazas que yo recibía que yo le tenía terror”.

Al igual que Clara, María no duda que el hecho de que su caso no haya sido resuelto antes sea porque se trata de un oficial de policía, aunque quiere dejar claro que “no todos los policías son malos, pero hay que acabar con este abuso”.

“Lo primero que hay que hacer es hablar, buscar ayuda, porque yo creía que estábamos solas, pero no, hay agencias que sí ayudan”.

Entre aquellas personas que le prestaron su ayuda se encuentra Rosaura Torres. Ella conoce a la perfección la situación por la que están pasando, pues es exmujer de un agente de policía que sufrió abuso durante 20 años. Tras superarlo, con muchas secuelas físicas y psicológicas, y escribir un libro, “Abuso escondido detrás de la placa” (en el que cuenta su historia y denuncia la violencia doméstica por parte de miembros del cuerpo y la impunidad con la que actúan), dedica su tiempo a prestar su ayuda y su apoyo a otras víctimas de malos tratos en el hogar. A las que, sin embargo, ella prefiere referirse no como víctimas, sino como supervivientes.

“Yo estoy ahí porque sé lo que es que nadie me quiera ayudar, que muchos me dieron la espalda, pero yo sé cómo eso se siente. Yo estoy al lado de Clara, de María y de tantos que no quieren decir su nombre o que tienen miedo”, asegura Torres; quien extiende su ayuda a todo tipo de personas que la sufren, consciente de que la violencia de género no discrimina y se encuentra instalada en todos los sectores de la sociedad.

Violencia doméstica e inmigración

En ocasiones, a la violencia, el abuso y ese miedo y sentimiento de desamparo que comparten las víctimas se suma, en el caso de las personas inmigrantes, el temor a poner en peligro un estatus migratorio sin resolver o a sufrir una deportación si se decide reportar la situación o buscar ayuda. Un hecho que, además, se convierte en otro mecanismo más de control por parte de la persona que ejerce el abuso.

“Si una persona en un matrimonio está en situación regular y la otra no lo está, bien porque tiene una visa caducada, bien porque son indocumentados desde su entrada al país, existe una gran desigualdad de poder porque una de ellas siempre va a tener miedo a ser deportada y es una amenaza que la otra persona puede emplear”, cuenta Diana Bieber, Managing Attorney de Community Programs en Pennsylvania Immigration Resource Center.

Lo que muchas de las víctimas de violencia doméstica desconocen, tal y como explica Bieber, es que la ley federal bautizada como Violence Against Women  Act. (VAWA), de 1994, también contempla la situación de las personas inmigrantes.

Por ejemplo, si una persona que sufre abuso se encuentra vinculada a otra por medio de una Green Card puede realizar el proceso de la misma manera y sin que su pareja se entere de que lo está llevando a cabo, y lo mismo sucede cuando la Green Card es temporal. También es aplicable para hijos y padres de ciudadanos americanos que sufren abusos. “Tiene que aportar la misma documentación que aportaría si lo hiciera con su marido o mujer (que se trata de un matrimonio de buena fe, y ese tipo de cosas) pero también tiene que demostrar que existe abuso”, destaca Bieber.

Otra de las opciones disponibles es lo que se conoce como U-Visa. Este tipo de permisos han sido creados para víctimas de ciertos crímenes, personas que han sufrido abuso físico o mental y/o aquellas que pueden colaborar en la investigación de actividades criminales. Unos supuestos en los que el miedo a la deportación también suele prevenir a la persona de denunciar el abuso.

“Muchas personas tienen miedo de ello. En este caso es cuando la U-Visa puede ser de mucha ayuda y hay una guía de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) que dice que alguien que es víctima de violencia doméstica es una prioridad baja para una deportación”, cuenta Bieber.

La abogada matiza que, aunque no se trata de una ley sí es una guía, y aclara: “Trabajamos con un gran número de víctimas y podemos decir que en este área nunca hemos visto que alguien que llama para reportar un caso de violencia doméstica haya sido referido a ICE […] La gente debería saber que si llaman puede que cumplan los requisitos para una U-Visa”.

Además de la posibilidad de tramitar un permiso de residencia por cuenta propia o conseguir una U-Visa, VAWA contempla un tercer caso que es el de la cancelación de una deportación y la regularización de su situación, siempre que se cumplan los requisitos establecidos por la ley (haber residido en el país un determinado número de años, buena conducta o no haber sido juzgado por un delito, entre otras) y el juez lo considere.

Por todo ello, el principal consejo de Bieber para personas que se encuentren en esta situación es: “Lo primero, que garanticen su seguridad y que busquen ayuda. En muchas de las agencias, si les cuentas que estás preocupado por tu estatus migratorio pueden ponerte en contacto con un abogado que puede ayudarte con eso”.

Bieber también recomienda recurrir a la ayuda de un abogado especializado sobre el tema, que les ayude a rellenar toda la documentación necesaria. “No quieres rellenar las aplicaciones por tu cuenta o con alguien que no sabe sobre el tema, podrías acabar en un problema peor”.
Y sentencia, “se necesita la cooperación de las víctimas, la idea es ayudar a las personas a sentirse seguras porque si alguien está a salvo continuará colaborando y si no lo está no va a comparecer en la corte y en ese caso no se produce una condena y no hay consecuencias para las personas que han sufrido el abuso”.

Dónde acudir

A nivel nacional, el país cuenta con la Línea Directa Nacional contra la Violencia Doméstica (National Domestic Violence Hotline, en inglés) cuyo número es 1-800-799-7233. Se trata de una línea gratuita, confidencial, anónima y que está disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

Filadelfia también dispone de un teléfono de atención propio, la línea 1-866-723-3014. Iniciada en 2005 en colaboración con las agencias de atención a víctimas de violencia doméstica con las que cuenta la ciudad, en ella ofrecen todo tipo de servicios y orientación con la ayuda de personas bilingües e intérpretes.

Una de las principales funciones de la bautizada como The Philadelphia Domestic Violence Hotline, que recibe unas 9.500 llamadas al año, es poner en contacto a las víctimas con las cuatro organizaciones especializadas en la ayuda a personas que sufren abuso en sus hogares que existen en la ciudad.

Women Against Abuse es una de esas entidades que desempeña su labor en Filadelfia. Y lo hace ofreciendo desde asesoramiento y ayuda legal hasta programas educacionales y de alcance a la comunidad. También cuentan con dos refugios, solo para mujeres y sus hijos, con un total de 100 camas cada uno; así como con un servicio de ayuda a la hora de buscar una nueva vivienda en la comunidad.

Otra de las organizaciones de las que dispone la ciudad de Filadelfia es Women in Transition, una asociación que nació con la intención de dar soporte y apoyo a mujeres que, como su propio nombre indica, se encuentran en un periodo de transición a causa de la violencia doméstica, el abuso de sustancias o una situación de pobreza.

Su ayuda llega en forma de sesiones de terapia, tanto individuales como grupales —conocido como Sister Circle— con otras mujeres que también han pasado por la misma situación.

“La forma en la que nosotros concebimos el apoyo a mujeres que están sufriendo violencia doméstica o recuperándose del abuso de sustancias es que ellas son las que están al cargo de la situación. Las personas que ejercen el abuso les hacen sentir que no tienen el poder y lo que nosotros queremos es devolverles ese sentimiento de que son poderosas y pueden hacer cambios en su vida […] No queremos decirles lo que tienen que hacer, queremos ayudarles con lo que ellas quieren hacer”, explica Zoey Nesin, coordinadora de educación comunitaria en Women in Transition.

La organización cuenta además con un servicio de guardería durante las sesiones, consejeros bilingües (ingles/español), un servicio gratuito de preparación de tasas y programas de alojamiento temporal para mujeres que se encuentran en peligro, en colaboración con otras agencias de la ciudad. 

Por otro lado, se encuentra una de las más antiguas, Lutheran Settlement House. Una organización fundada en 1902, que cuenta con un programa de violencia doméstica que incluye desde asesoramiento legal hasta apoyo médico y sesiones de terapia.

Pero si hay una entidad que destaca por su trabajo y dedicación a las víctimas de violencia doméstica en la comunidad latina del área de Filadelfia esa es Congreso de Latinos Unidos, a través del programa Latinas Domestic Violence Program, en el que ofrecen servicios para mujeres y niños tanto en inglés como en español.

Según explica Amy Eusebio, directora de Promoción del Bienestar y la Salud de la Mujer en Congreso, el programa se divide en cuatro áreas de servicio: consejería y grupos para adultos, para niños (desde los 6 a los 18 años), línea 24 horas en la que colaboran con las otras tres agencias de la ciudad y ayuda de alojamiento (no de emergencia). Además, también imparten talleres de educación contra la violencia doméstica en la comunidad.

En el último año fiscal, 2.225 hombres y mujeres de diferentes nacionalidades (en su mayoría latinos, que hablan español y son inmigrantes) solicitaron ayuda a Congreso, 535 de los cuales siguen a día de hoy en el programa. “Nosotros no les vamos a forzar a tomar una decisión, lo que hacemos es ofrecerles opciones y ayudarles a decidir”, explica Eusebio.

Una de las grandes novedades de este programa, disponible de 9 a.m. a 4 p.m. en el edificio de Congreso en Filadelfia, es que una subvención que acaban de recibir les permitirá contar en los próximos meses con un experto legal en sus oficinas.

“El enfoque de este proyecto va a ser proveer apoyo legal a inmigrantes con experiencias de violencia doméstica en todo lo que tiene que ver con la familia (desde custodia hasta divorcios o manutención)”.

La entrada de un experto legal en el equipo es una noticia celebrada por Eusebio y todo los miembros del programa. “Usualmente cuando una víctima viene a pedir servicios a Congreso puede ser la única hora del día en la que pueden salir de la casa o están huyendo de ella. La idea de tener que referirlos a otros sitios para darles seguimiento legal es bien difícil”.

Por otro lado, Eusebio recuerda que su ayuda está disponible tanto para hombres como para mujeres de cualquier procedencia y destaca: “Aquí en Congreso todos los servicios son gratis y son confidenciales. Uno entra al edificio y nadie tiene que saber por qué tú estás viniendo a Congreso y yo creo que es una cosa que le gusta mucho a las personas”.

El liderazgo en el terreno de la lucha contra la violencia doméstica de Congreso se extiende a todos los miembros de la organización, incluida su CEO, Cynthia Figueroa, quien lleva décadas combatiendo esta lacra social y cuyo trabajo en la materia acaba de ser reconocido con el premio La Justicia Award de la Asociación Hispana de Abogados de Pensilvania (HBAPA).

“Me criaron en una familia predominantemente femenina y desde una edad temprana me dijeron que el género estaba relacionado con la igualdad”, asegura Figueroa.

Su primer contacto con la violencia doméstica se produjo cuando era universitaria y trabajó como voluntaria en un refugio  para mujeres. Durante ese tiempo también sufrió una dura experiencia personal —el asesinato de una joven que recibía la ayuda de su madre y de ella a manos de su pareja—.

En la última década (entre 2005 y 2014) Pensilvania ha registrado 1.678 muertes relacionadas con la violencia de género (entre víctimas y agresores), según datos del último informe anual de Pennsylvania Coalition Against Domestic Violence. Tan solo en el 2014, 97 personas perdieron la vida a manos de sus parejas —59 mujeres y 38 hombres—.

“A nivel personal fui impactada por la violencia contra las mujeres y luego una de mis primeras experiencias fue trabajar con mujeres en esta situación; así que me apasionaron los derechos de la mujer, especialmente asegurar que las mujeres de color tuvieran acceso a oportunidades”.

Un impacto que ha llevado a cabo desde la década de los 90 de la mano de dos de las principales agencias que existen en la ciudad: Congreso y Women Against Abuse. ¿Ha cambiado algo desde entonces?

“Las leyes han mejorado y hay mucha más concienciación y las personas creo que entienden la realidad mejor que cuando empecé a hacer mi trabajo [...] Pero todavía hay un largo camino por recorrer para eliminar este tipo de violencia que sucede a diario, también otras formas de violencia contra la mujer que están aumentando como el tráfico humano”.

Por ello, Figueroa no niega que todavía hay mucho más que puede hacerse para prevenir y eliminar la violencia de género en la ciudad. "Hay cuatro agencias que están haciendo un trabajo maravilloso pero podría haber más recursos que apoyasen su trabajo. Se necesita hacer más hincapié en la prevención y en ayudar a las mujeres, porque no se trata solo de un albergue de emergencia en ese momento. También hay que asegurar que tienen una estabilidad económica y pueden tomar su decisión de dejar a sus abusadores. La línea telefónica y los servicios de apoyo que se ofrecen son grandes recursos pero creo que la ciudad podría hacer un mejor trabajo a la hora de ofrecer recursos adicionales para este sector". 

Figueroa también reconoce la gran labor que desempeña Congreso desde la década de los 90, cuando hizo que "el estado de Pensilvania reconociera que era necesaria una organizacion de violencia doméstica centrada en la comunidad latina porque el trabajo que se estaba haciendo era bueno, pero las necesidades de las latinas no se estaban cubriendo".

Un estudio con la Universidad de Temple, que mostró la carencia de servicios para las latinas del noreste de Filadelfia, se tradujo en una subvención para la creación de un pequeño programa que, más de dos décadas después, ha crecido hasta convertirse en el gran recurso para la comunidad y para toda la ciudad que es hoy. Ya que, según apunta Figueroa, aunque la mayoría de las personas que acuden son inmigrantes latinos, las puertas de Congreso estan abiertas para cualquier ciudadano de la ciudad.