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Foto: Samantha Madera/AL DIA News

Comparando la trayectoria de Kenney con su reciente política de ética

Nepotismo...La ética del financiamiento...las políticas de pagar por participar...

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La semana pasada, el candidato a alcalde y ex concejal municipal Jim Kenney publicó el primer documento de políticas de su campaña –que incluye todo desde las políticas de pagar para participar y la asignación de presupuesto de base cero hasta los datos de libre acceso. Es un retrato bastante exhaustivo de lo que es el buen gobierno, especialmente en comparación con la documentación que existe en la agrupación de alcaldes. En dicho documento Kenney traza las bases respecto a cómo realizaría el trabajo para mejorar la posición ética de la municipalidad en todos los departamentos.

Hay tres documentos más de profundidad similar que pronto se publicarán, incluso uno sobre educación que se publicará hoy. Pero antes, existen ciertas inconsistencias entre esta última política y la trayectoria de 23 años de Kenney como miembro del Concejo Municipal que vale la pena tratar . 

 

¿Nepotismo o  mano amiga? 

Kenney es el primer candidato a alcalde en adoptar una postura contra el nepotismo en el gobierno municipal. A continuación, la recomendación de su reciente documento de políticas:

 “Para muchos empleados municipales, el servicio público es una tradición familiar de orgullo—algo que se debe celebrar y apreciar. Sin embargo, aquellos que tienen relaciones familiares no deben influenciar o tomar decisiones personales respecto a sus parientes. Aún en los casos en los que un miembro de la familia pudiera ser el más apto para ocupar la posición, la fe que el público deposita en su gobierno exige que cualquier percepción de favoritismo o nepotismo sea evitada. Jim trabajará con el Consejo Municipal a favor de la aprobación de una ley para prohibir el nepotismo”. 

Sin embargo, hace veinte años, ese tal vez no parecía ser el caso. En un artículo de Inquirer de fecha 3 de noviembre de 1995 titulado “For Kenney, Politics Boils Down to One Simple Idea” (Para Kenney, la política se reduce a un ideal sencillo), el  entonces más joven concejal defendió a quien en ese momento era su mentor, Vince Furno, y condenó las acusaciones de “pagar por participar”. Pero fue franco con la reportera Dianna Marder sobre un hilo que Furno movió para él –conseguirle al padre de Kenney, quien había sido bombero durante toda la vida, un empleo como especialista de seguridad con la Autoridad Portuario del Río Delaware (DRPA por sus siglas en inglés):

“Después de retirarse, el padre de Kenney trabajó por un tiempo como director de seguridad de flotas para Philadelphia Newspapers Inc., que publica The Inquirer y el Daily News”, informó Marder. “Más adelante, se puso a trabajar para la Autoridad Portuaria del Río Delaware.  Sí, dice Kenney, ‘le conseguí el trabajo por medio de Vince’”. 

Otro artículo del Inquirer de esa misma semana señalaba el “sistema de patrocinio” en aumento en la DRPA. Muchas otras supuestas partes obtuvieron empleos por medio de conexiones con el ex Senador de Estado Fumo. El puesto de especialista en seguridad que obtuvo el padre de Kenney, según los informes, pagaba una suma de $41,348 al año. En ese entonces, Kenney dijo “seré el primero en admitir que su nombramiento en dicho lugar fue recomendado mediante un proceso político. Pero no tengo problema alguno con respecto a sus capacidades y experiencia. Sinceramente, creo que obtuvieron una ganga”. 

El miércoles, sin embargo, Kenney le dijo a AL DÍA que ni él ni Fumo aseguraron ese puesto. Por lo menos no es así como lo recordaba. Kenney padre, quien ahora tiene 80 años, no trabaja en la DRPA desde hace mucho tiempo, y Kenney recuerda que su padre obtuvo la ayuda de Theodore V. DeMarino, un ex bombero que luego se convirtió en empleado de la DRPA, quien recibió una de las posiciones de “patrocinio”, según el Inquirer. 

“Recuerdo que su conexión fue el Jefe DeMarino”, dijo Kenney. “Él fue instrumental en informar a mi padre sobre el puesto y lograr que trabajara allí”. 

El padre de Kenney sin duda calificaba para el empleo. Fue el primer oficial de seguridad en la historia del Departamento de bomberos de Filadelfia, trabajó con paramédicos y ofreció formación instructiva en la Academia de Bomberos –todas éstas capacidades relevantes para la posición en la DRPA.

Hace dos semanas, Kenney se dirigió a los ciudadanos retornados en una conferencia de prensa, y arrancó con una anécdota sobre un joven (ningún pariente) en el sur de Filadelfia, que luchaba ante una vida de crimen, adicción a las drogas y encarcelamiento. El hombre no identificado le dijo al entonces concejal que ya no quería llevar esta vida. Kenney lo ayudó a conseguir un trabajo de día en el departamento de Parques y Recreación y, por consiguiente, a volver a tomar las riendas de su vida.

Las intenciones de Kenney no son para nada dudosas. Ciertamente existe una diferencia entre ayudar a una persona mendicante a encontrar trabajo y nombrar a todos los primos y tíos para que ocupen puestos dentro de la propia oficina de gobierno. La cuestión que esto resalta es la línea delgada que existe entre el nepotismo y la verdad obvia en cuanto a que en el mercado laboral –ya sea en el sector público o privado-- “no se trata de lo que uno sabe, sino de a quién conoce”. 

También existen casos de empleos de elección y de acreditación que están exentos de patrocinio. 

Haciendo una declaración completa, Kenney dice que su hijo es un funcionario de libertad vigilada, pero que aprobó un examen para obtener este trabajo.

“El problema es básicamente que las personas tienen derecho a presentar una solicitud y competir por un empleo” dijo el miércoles. “Si uno está contratando a las personas como un derecho, y uno es el supervisor directo y la persona directamente a cargo de tomar decisiones respecto a quién se contrata, la situación es diferente”. 

La pregunta es ¿quién traza la línea? ¿Qué constituye un nombramiento ético para un trabajo municipal? La política de Kenney no lo dice. 

 

La ética del financiamiento

El Comité de ética quizá sea la entidad de gobierno más apta para ponderar sobre la cuestión arriba planteada, y el plan de buen gobierno de Kenney hace un llamado por mejorar dicha oficina. A pesar de las cada vez más amplias obligaciones del comité, la política de Kenney señala que ha operado con un presupuesto de $1 millón anual desde su creación en el 2006. En 2011, el Consejo permitió un recorte “estrangulador” del presupuesto que redujo el mismo a $810,000. Se informó que nadie –el concejal Kenney, inclusive—dijo nada:

“Este año el comité pidió $130,000 más para contratar personal para el trabajo de cabildeo”, escribió Chris Brennan del Inquirer, “Nutter no incluyó esto en su presupuesto y el Consejo no presentó una solicitud de seguimiento”.

Kenney, sin embargo, respondió por cada instrumento de legislación sobre ética durante su mandato en el Concejo. La inyección de $250,000 en el comité es consistente con su trayecto y con el resto de su política actual. Hasta está de acuerdo con el llamado hecho por del Equipo de trabajo sobre Ética y Financiamiento de campañas para ampliar la divulgación sobre el empleo externo.

Kenney mismo nunca escondió su segundo empleo mientras trabajaba en la municipalidad, pero sus términos y condiciones no eran tan claros como sugiere la política. 

En 2002, Kenney trabajó durante medio tiempo como consultor en la empresa de arquitectura Vitetta para complementar su salario municipal ($82,000 al año, en aquel entonces, según el Inquirer). No fue hasta hace poco que Kenney divulgó cuánto devengaba con esa empresa. Debe quedar claro que no se le exigió hacerlo. Pero a él y a los demás candidatos se les pidió dar a conocer sus declaraciones de impuestos correspondientes a los últimos tres años. Todos, salvo por Milton Street, y Lynne Abraham quien solo presentó una de las tres declaraciones, cumplieron a cabalidad con la solicitud. Las declaraciones de Kenney indicaban que devengaba $64,055 con Vitetta, en el 2013. 

El trabajo se describió como “la adjudicación de negocios del gobierno para la empresa arquitectónica y de ingeniería que está restaurando la municipalidad”. Vitetta tenía tres contratos con Filadelfia desde antes del período de Kenney. Y por deferencia a las leyes de conflicto de interés, Kenney juró abstenerse de todas kas votaciones del Concejo Municipal relacionadas al trabajo de la empresa con la municipalidad, y sólo solicitar trabajo con gobiernos de fuera. 

La semana pasada, Kenney mismo dijo que durante los 13 años en que combinó su trabajo de medio tiempo con su trabajo en el concejo solo tuvo que retirarse de la votación del consejo “dos o tres veces”. 

Una de estas ocasiones fue en 2008. El Consejo Municipal introdujo un aumento tributario de 1.2 por ciento en las habitaciones de hoteles para ayudar a cubrir los costos de construcción no anticipados del Centro de Convenciones de Pensilvania. Kenney hizo constar que se abstendría de votar sobre el impuesto “porque trabaja para una empresa arquitectónica, Vitetta, que diseñó el centro ampliado”. Ya se había pronunciado en defensa del rebasamiento de costos del proyecto. Y dos semanas más tarde, el proyecto de ley fue aprobado 17 a 0 en el Concejo municipal. No es que el voto de Kenney fuera importante, sino que cumpliendo su propia palabra, debió haberse abstenido.

La semana pasada Kenney le dijo a AL DIA que la conexión entre Vitetta y el impuesto de las habitaciones de hotel es “un poco extraña” y dijo que el asunto no “benefició a mi empresa directamente”. Vitetta fue subcontratada para realizar el trabajo a través de otro grupo; no obtuvieron una oferta directa a través de la municipalidad. Pero de ser así, ¿por qué jurar que se abstendría en primer lugar? ¿Quién define el conflicto de interés?

Por otra parte, Vitetta ahora le debe a los municipalidad $204,903 en impuestos pendientes de pago. Filadelfia presentó un gravamen sobre impuestos contra la empresa el 17 de abril de 2013 y el caso, tenemos entendido, sigue abierto. El documento de políticas de Kenney dice que los segundos empleos de los miembros del Concejo Municipal “… deben ser sometidos a escrutinio para asegurar que sus obligaciones hacia la municipalidad y sus contribuyentes no se vean afectadas negativamente por este segundo empleo”. No existe una ley que diga que la situación singular de Kenney constituya un conflicto de interés para un empleado del gobierno municipal. Sin embargo, es imposible no observar que los impuestos pendientes de pago de su otro empleador son casi suficientes como para cubrir el aumento del presupuesto del Comité de ética.

 

Realidades inherentes 

Cuando se trata de las políticas de pagar por participar, el caso de Kenney no es el único. Todo político es culpable hasta cierto punto.

Sin embargo, Kenney ahora jura que reducirá la presencia de pagar por participar. Él fue uno de los artífices originales de la legislación para “limitar la influencia que tiene el dinero en el gobierno municipal”. Y como alcalde dice que avanzaría en el tema de la transparencia mediante dos pasos, primero al hacer que los donantes políticos revelaran sus fuentes de ingresos. Eventualmente, quiere apartar a la municipalidad del financiamiento por parte de grupos de intereses especiales y hacer la transición a elecciones municipales financiadas con fondos públicos, pero ese plan pasa a un segundo plano con respecto al financiamiento de la crisis de la educación.  

“Es un problema inherente que todos afrontan”, dijo Kenney la semana pasada. “Si uno les pide a las personas que contribuyan a su campaña, si uno les pide a las personas que lo apoyen a uno, se sospecharía que uno sería conocido por y accesible a esas personas. A menos que haya un financiamiento total de las elecciones con fondos públicos, uno jamás podrá evitar eso. Apoyo esto después de que el distrito escolar esté plenamente financiado, no antes”.

¿Debería entonces importar que Kenney votó a favor del impuesto sobre cigarrillos pero no sobre las bebidas gaseosas para cerrar la brecha del presupuesto para las escuelas de Filadelfia? Las grandes empresas tabaqueras nunca han contribuido a sus campañas. El magnate de la embotelladora local Harold Honickman y los Teamster Locals (quienes transportan los productos), por el otro lado, han contribuido $43,000 conjuntamente para la campaña de Kenney desde 2007, inclusive $7,300 para esta temporada de elecciones. No son montos enormes, pero sí un importante historial de respaldo.

Kenney no fue el único miembro del concejo en rechazar esta medida de financiamiento escolar para cerrar la brecha a favor de otra. Kenney le dijo a AL DIA que pensó que el impuesto sobre bebidas gaseosas fue un instrumento de ley mal presentado y muy complicado. Sin embargo, las escuelas estaban a punto de cerrar. El alcalde Nutter negoció otro impuesto sobre bienes inmuebles –tan solo un año después de que la Iniciativa del valor real (AVI por sus siglas en inglés) entrara en vigor—y el Concejo la apoyó. Realmente no tenían opción.

“Voté por aumentar los impuestos sobre bienes inmuebles en un año electoral porque las escuelas iban a cerrar”, dijo Kenney la semana pasada. “Acabábamos de pasar por la AVI y las personas estaban bastante golpeadas y que esto les volviera a suceder no era el camino correcto de recorrer”. 

Si el impuesto sobre bebidas gaseosas realmente fuese un mal instrumento legislativo o si los patrocinadores de Kenney (y de otros miembros del concejo) no querían que él gravara sus ganancias azucaradas, es algo difícil de saber. Pero una cosa es cierta: realísticamente, tales impuestos de solución rápida no desaparecerán pronto. Y las personas afectadas por los mismos serán quienes determinen las que sí y las que no se apoyarán. 

En su campaña durante los últimos dos meses, Kenney ha dicho que la ciudad no puede esperar al “súperman de Harrisburg” para solucionar su crisis de financiamiento. En varias ocasiones anteriores ha dicho que necesitamos poder financiar nuestras escuelas desde nuestros propios departamentos municipales. La semana pasada, al dialogar sobre los impuestos para cerrar la brecha, dijo:

“Creo que el estado debería cumplir su responsabilidad y financiar la educación pública. Esa es la verdadera solución. Mientras tanto, realizamos estas medidas para cerrar la brecha y hacer curas temporales cada año, y el estado no hace lo que le corresponde, ese sí es un gran problema”, dijo. “Y vamos a continuar teniendo ese problema mientras el estado no tenga estas responsabilidades”. 

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