Las cifras son abrumadoras. Según datos del 2012, la tasa de obesidad infantil en Puerto Rico se situó en el 28,4 por cien —aumentando casi un punto en comparación con el 2010, entonces era de un 27,5 por cien. No es de extrañar, por lo tanto, que esta situación sea considerada por muchos, tanto ciudadanos como médicos y políticos, como un problema de salud pública al que apremia poner solución. Y eso es precisamente lo que pretende el senador Gilberto Rodríguez Valle con su última medida, un proyecto de Ley que, a grandes rasgos, plantea establecer multas para los padres de niños con obesidad.

El formato original del proyecto de Ley presentado por el senador puertorriqueño propone la realización de controles por parte del Departamento de Educación del país con los que identificar aquellos casos con mayor riesgo, siempre que no sean debidos a un problema de salud ya existente, así como orientar a los padres sobre cómo combatir y poner freno a la obesidad de sus hijos. Tras este primer contacto, si seis meses después el organismo considera que el problema no ha remitido, un trabajador social podría poner el caso en manos del Departamento de Familia; donde, si tras seis meses más no se produce una mejoría de su condición de salud, se procedería a la imposición de una multa de 500 dólares a los tutores legales del menor. Y si otro medio año después la situación no mejora, la institución podría obligar al pago de otros 800 dólares.

Una propuesta que, lejos de tener una cálida acogida entre la población, no solo ha generado una gran polémica, también ha dado la vuelta al mundo; obligando incluso a Rodríguez Valle a anunciar en una comparencia ante los medios su idea de revisar los términos de su medida. Las voces más críticas con la propuesta del senador puertorriqueño tampoco se han hecho esperar. “No es la forma correcta de hacerlo. Va a traer complicaciones porque hay nenes obesos por complicaciones médicas y factores genéticos”, explicó Ricardo Fontanet, presidente local de la Academia Americana de Pediatría, en declaraciones a El Nuevo Día. Mientras que otros, como el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana, Julio Fontánez, cuestionan, ademas de su efectividad, su planteamiento legal. “El problema fundamental que tiene (la medida) es que si hay unas sanciones económicas es necesario que el Estado pruebe que un padre, por intención o negligencia, incurrió en maltrato de menores. La pregunta entonces es, ¿tener hijos obesos implica que un padre o madre ha incurrido en maltrato de menores?”. 

Aunque también hay quien ha aplaudido el proyecto de Ley presentado por Rodríguez Valle, entre ellos el senador José Luis Dalmau, con el argumento de que un menor con obesidad "es un problema de salud y puede convertirse en una carga económica porque podría desarrollar enfermedades del corazón, diabetes y otras”, sentenciando, "tiene que haber consecuencias para los padres de niños obesos".