La noche aún no termina cuando la gigantesca puerta del Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) se abre y muestra un pasillo iluminado por faros azul-blanco con miles de torsos encorvados, cabezas rapadas y manos enlazadas detrás de la espalda que avanzan en silencio, enfundados en calzoncillos blancos. En esa sola imagen se condensa la nueva postal salvadoreña, un espectáculo de disciplina casi coreográfica que, para algunos, representa orden por fin recuperado y, para otros, un aviso luminoso de lo que ocurre cuando la seguridad gana cada pulso sin un árbitro a la vista. ¿Se puede fotografiar la paz sin subrayar el precio? ¿Se puede medir la tranquilidad en metros cuadrados de celda?

Desde que la Asamblea Legislativa declaró el estado de excepción en marzo de 2022, prorrogado mes tras mes, El Salvador ha encarcelado a más de 85.000 personas bajo sospecha de vínculos con pandillas, elevando la población penitenciaria a un récord regional y global. Con ese telón de fondo, la figura del presidente Nayib Bukele se ha convertido en un espejo de doble cara, por un lado un superhéroe de redes sociales para quienes caminan sin mirar sobre el hombro y, por otro, un gobernante itálico que erosiona garantías básicas. Entre la ovación y la alarma se levanta la misma pregunta ¿cuánto poder se entrega cuando el miedo cede el paso?

Las cifras son el esqueleto de este relato. El Ministerio de Seguridad informa que 2024 cerró con 114 homicidios, una tasa cercana a 1,8 por cada 100.000 habitantes, la más baja desde que existen registros. El propio Ejecutivo marca cada día sin asesinatos como un hito en redes sociales y celebra haber convertido al “país más peligroso del mundo” en el “más seguro del hemisferio occidental”. La Policía exhibe gráficas de homicidios en declive, pero organizaciones como WOLA recuerdan que el estado de excepción suspende derechos fundamentales, incluido el de ser presentado ante un juez en 72 horas, y que las audiencias masivas reducen la individualidad a un trámite. ¿Puede una democracia sostenerse en audiencias con centenares de acusados cotejados al unísono?

El CECOT, inaugurado en 2023 y ampliado para alojar hasta 40.000 internos, es el escenario más vistoso de la estrategia. Sus pabellones, promocionados por la Secretaría de Prensa con tomas de dron y banda sonora épica, se alimentan de la misma lógica, concentración, aislamiento y disciplina férrea. En febrero pasado, el presidente ofreció incluso guardar allí a delincuentes deportados por Estados Unidos, una propuesta que mezcló marketing, geopolítica y contabilidad carcelaria. Un gesto audaz, sí, pero también una señal escandalosa ¿Cuál es el límite de una política basada en la expansión del encierro?

La calle, por ahora, responde con aprobación. Según la última encuesta de CID Gallup, 83 % de la población valora positivamente la gestión de Bukele, el porcentaje más alto de Latinoamérica. Comerciantes abren más tarde, turistas se animan a caminar por el centro histórico y la ruta del surf vive un inusual auge. El humor popular retrata la transformación con ironía, “ahora las maras duermen juntas, y nosotros dormimos tranquilos”. Sin embargo, la popularidad, si bien robusta, no puede blindar por sí sola un edificio institucional. Pensemos en qué pasará cuando la reducción de homicidios deje de impresionar y los ciudadanos comiencen a preguntar por empleo, salud y educación.

Las organizaciones de derechos humanos suman otra capa al debate. Human Rights Watch ha documentado denuncias de tortura, extorsión carcelaria y al menos 354 muertes bajo custodia estatal entre 2022 y 2024.. El gobierno sostiene que cada captura responde a procesos investigativos pero los activistas alegan que escasean las pruebas individualizadas. Tendremos que recordar que la seguridad basada en detenciones preventivas se convierte indudablemente en un régimen de presunción invertida, es decir, no hay presunción de inocencia sino todo lo contrario, lo cual va en contravía de todo lo que ha logrado la unificación de marcos legales en el mundo. 

Tres años después, la excepción ha moldeado hábitos cotidianos en el país, hay retenes militares en las comunidades, patrullajes mixtos en zonas diversas y menos graffitis. Aunque la ruta aparente ir en línea recta hacia un país en paz y sin pandillas, subsisten interrogantes logísticos y sociológicos. ¿Dónde trabajarán los 40.000 reclusos del CECOT cuando cumplan su condena? ¿Se estudia alguna política de reinserción o bastará el miedo para mantener baja la curva del crimen? Y en lo internacional, ¿cuánta influencia ejercerá el “Modelo Bukele” en países con problemas similares y tentación de soluciones instantáneas?

Se acerca el minuto final y el reflector vuelve sobre la imagen de los cuerpos alineados. El Salvador exhibe hoy un relato contundente, pero al costado, persisten expedientes abiertos por presuntas violaciones de derechos humanos y dudas constitucionales sobre la reelección inmediata. Ni héroe ni villano, el presidente gobierna un laboratorio a cielo abierto. Tal vez la pregunta más honesta no sea si la estrategia es buena o mala, sino si el experimento puede cerrarse alguna vez sin que los reactivos se derramen sobre la misma sociedad que buscaba proteger.