“Ni la esclavitud ni la servidumbre involuntaria… deben existir dentro de los Estados Unidos”, Enmienda 13 de la Constitución, febrero 1, 1865.

Esta gema de Abraham Lincoln nacida de la Guerra Civil fue también resultado de lograr que su partido republicano incluyera la aprobación de la 13ª Enmienda como parte de la plataforma que logró su re-elección.

La 13ª Enmienda también confirió al Congreso la autoridad de “ejecutar este artículo mediante legislación apropiada”,  y así lo hizo 135 años más tarde cuando aprobó la Ley de Protección de Víctimas de Tráfico Humano en el 2000.

“Traficar con personas no se limita a la industria del sexo.  Este creciente crimen internacional también incluye e involucra significantes violaciones de las normas y derechos laborales, de salud pública y de Derechos Humanos en todo el mundo”, reza una de las conclusiones legislativas de la ley de Protección de Víctimas del Tráfico.

“El tráfico de personas es frecuentemente asistido por corrupción oficial…” es otra conclusión legislativa de la misma ley que resuena con la actual investigación del Departamento de Justicia a nadie más y nada menos que la Policía de Inmigración ICE.

En algunas instancias parecería que ICE fue un solícito verdugo de las víctimas del tráfico humano antes que de los perpetradores de ese crimen.

Aparentemente ICE ofreció asesoramiento a una empresa que repara plataformas petroleras en la Costa del Golfo luego del huracán “Katrina”, Signal International, en cuanto a cómo castigar a los quejosos entre 500 trabajadores metalúrgicos de la India contratados en calidad de trabajadores extranjeros temporales.

“No les den ningún aviso previo.  Sáquenlos de la fila cuando vayan de camino al trabajo… y devuélvanlos a la India”, fueron las instrucciones de ICE según un testimonio juramentado de uno de los ejecutivos de la empresa.

Luego de fracasar en ese intento de “deportación privada” sugerida por ICE, la misma agencia luego ofreció perseguir a los trabajadores que abandonaran sus trabajos, “si por ninguna otra razón, al menos para enviar un mensaje al resto de trabajadores”;  ICE resulta que ahora se ofrecía voluntariamente para actuar como pistolero bajo contrato.

Pese a que aún se está litigando el caso, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) otorgó visas especiales a 150 trabajadores metalúrgicos de la India, gracias a una provisión de la Ley de Protección de Víctimas del Tráfico que facilita visas tipo T y U a las víctimas.

“El hecho de conceder las visas constituye una admisión por parte del gobierno estadounidense de que fueron víctimas de tráfico”, comentó el director de “New Orleans Workers Center for Racial Justice” Saket Soni en una declaración a AL DÍA.

Un muy grande número de inmigrantes “legales” e “ilegales” que han sido forzados a trabajar en condiciones de explotación, igualmente han sido atraídos mediante fraude y coerción.  La ley prescribe para todas aquellas víctimas el necesario remedio, otorgarles visas y hacerlos elegibles para convertirse en residentes legales permanentes;  el camino para que se haga justicia en inmigración es muy claro, ese es un camino en el que habrá que andar.