Los trabajadores del campo en Estados Unidos, la mayoría inmigrantes, siguen siendo víctimas de abusos laborales como el impago de salarios, acoso sexual, y exposición a peligrosos pesticidas, pero el Gobierno hace poco para combatirlos, según un informe divulgado esta semana.

El estudio, elaborado por los grupos Farmworker Justice y Oxfam America, fue entregado el pasado miércoles  a la secretaria del Trabajo de EE.UU., Hilda Solís, a quien pidieron soluciones urgentes contra la “persistente” explotación de los trabajadores agrícolas.

El informe, titulado “Weeding Out Abuses: Recommendations for a Law-abiding Farm Labor System”, ofrece recomendaciones para corregir la continua violación de las normas laborales, de salud y seguridad en la multimillonaria industria agrícola en Estados Unidos, mientras crecen las presiones para una reforma migratoria.

El problema, señala el informe en sus 21 páginas, no es la ausencia de leyes de protección laboral sino la deficiente aplicación de esas normas.

“Pensamos que el Gobierno debe estar más involucrado y aplicar con rigor las leyes laborales para que esas violaciones no sigan ocurriendo”, dijo Bruce Goldstein, director ejecutivo de Farmworker Justice y uno de los autores del informe.

“La secretaria Solís ha comenzado a hacer cambios y queremos alentarla a que continúe. Las violaciones son extensas y los trabajadores tienen pocos derechos”, agregó.

El experto citó la contratación de 250 nuevos inspectores para el cumplimiento de las leyes que rigen las horas y salarios en el sector agrícola, pero considera que el departamento a cargo de Solís puede y debe hacer más “de inmediato”.

La clave, según Goldstein, radica en el riguroso reforzamiento de las leyes laborales, mejoras en las investigaciones de abusos, mayores sanciones o multas para quienes violan las leyes y la presentación de demandas cuando sea necesario.

Estos trabajadores constituyen un grupo marginado y sin voz, vulnerable a la explotación de sus jefes, y la situación se agrava para los indocumentados, según el informe.

Se calcula que el 80 por ciento de los trabajadores del campo en Estados Unidos son inmigrantes y, dependiendo de la zona, entre el 52 y 70 por ciento son indocumentados.

Trabajan de sol a sol para el cultivo y cosecha de frutas y verduras, en lo que se considera una de las ocupaciones más peligrosas en EE.UU.: ya se han documentado casos de muerte por insolación y deshidratación, o enfermedades relacionadas con el envenenamiento por exposición a pesticidas.

Según el informe, repleto de cifras oficiales, en 2008 hubo un aumento del 11 por ciento en las muertes en el sector agropecuario sobre el año anterior.

Pero, agrega, el historial del Departamento del Trabajo en la aplicación de las leyes es “muy pobre”.

En el año fiscal 2002, la agencia hizo 38.537 investigaciones sobre abusos laborales en general, y sólo 229 de éstas fueron en el sector agrícola. En 2008, el total fue de 21.375 y 110, respectivamente.

En muchos casos, la explotación persiste porque las empresas no temen sanciones y, para recortar sus costos, pagan menos del salario mínimo.

Las empresas que sí quieren cumplir con las leyes se encuentran en clara desventaja y “sienten la presión de violar las leyes también o pagar apenas lo mínimo”, indicó el documento.

El informe presenta seis casos, entre éstos el de Guillermo Cruz, que desde hace 22 años trabaja en el Valle Central en California y, según relata, “hay mucho trabajo pero también hay mucho abuso”.

“Muchos de nosotros jamás dijimos nada porque temíamos perder nuestros trabajos. Simplemente había que aguantarse”, señala Cruz.

También está el caso de una mujer identificada con el pseudónimo de “Teresa”, quien trabajaba junto con su esposo en una finca en Carolina del Norte hasta que fueron despedidos porque ella no aceptó los avances sexuales del hijo menor del contratista.

El documento será analizado en una presentación especial en el Capitolio, en la que se prevé participarán Dolores Huerta, co-fundadora, junto al activista mexicoamericano César Chávez, del Sindicato de Trabajadores del Campo (UFW), representantes de Farmworker Justice y Oxfam America, y dos trabajadores agrícolas.