El presidente colombiano, Juan Manuel Santos,
dijo  que su Gobierno sólo autorizará más liberaciones de
secuestrados por la guerrilla de las FARC, cuando haya garantías y
señaló que por ahora sigue analizando la situación.

"No
queremos improvisar y tomaremos una decisión cuando estemos seguros,
sólo cuando estemos seguros de que la liberación pueda llevarse a cabo",
señaló Santos a periodistas, un día después de que se frustrara la
liberación de dos rehenes porque las FARC dieron coordenadas erróneas.

El presidente agregó que lo ocurrido el domingo fue grave porque las
FARC "incumplieron con las coordenadas, incumplieron con las entregas y
propusieron a última hora, cuando ya no era posible, realizar la entrega
en un lugar que estaba fuera de las áreas previamente acordadas".

Esto es "algo que ni el Gobierno ni el CICR (Comité Internacional de
la Cruz Roja) podíamos aceptar", indicó y remarcó que el cumplimiento de
la palabra es de vital importancia.

"En este preciso momento
estamos evaluando la situación para la continuación del proceso de
liberaciones. Estamos, incluso, considerando la posibilidad de hacerlo
por tierra", adelantó Santos, quien, sin embargo, se expresó en
desacuerdo con las "liberaciones a cuentagotas".

"No nos gusta, por ejemplo, que la buena voluntad y los recursos de los Gobiernos de Brasil y de Colombia,
y del CICR, sean utilizados para organizar fiestas de varias horas para
'celebrar' con los secuestradores su supuesto acto de generosidad"
agregó.

Las liberaciones anunciadas por las FARC comenzaron el
miércoles pasado con la liberación del concejal Marcos Baquero, y
prosiguieron el viernes con la puesta en libertad del también concejal
Armando Acuña y el infante de la Marina Henry López.

El
domingo entregaron al policía Carlos Alberto Ocampo, pero no hicieron lo
mismo con el también policía Guillermo Solórzano y el cabo del Ejército
Salín Sanmiguel porque las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) dieron a la misión humanitaria unas coordenadas erróneas.

Esta misión está coordinada por el CICR y la integra la exsenadora
Piedad Córdoba, quien ha sido la intermediaria con la guerrilla para
conseguir las coordenadas de los lugares donde se produjeron o se iban a
producir, en el caso de Solórzano y Sanmiguel, las entregas.