Repsol ha remitido una carta a la presidenta
de Argentina, Cristina Fernández, en la que declara la existencia de una
controversia en la nacionalización del 51 % de YPF, con lo que la
petrolera española ha dado el primer paso para llevar el caso a un
arbitraje internacional.

A partir de ahora, se abre un plazo
de 6 meses para que ambas partes intenten llegar a un acuerdo antes de
que Repsol presente definitivamente una demanda arbitral ante el Centro
Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi)
del Banco Mundial, dijeron fuentes de Repsol, que no descarta
emprender acciones legales en Argentina o Estados Unidos.

Con
la notificación de la declaración de existencia de controversia, se
inician formalmente las acciones legales para que se declare ilícita la
actuación de Argentina y para que se la condene a restaurar la situación
o, en caso contrario, a indemnizar a la compañía española por los daños
y perjuicios ocasionados.

Actualmente, Repsol es el máximo
accionista de YPF con el 57,4 % del capital, una participación que la
compañía presidida por Antonio Brufau ha valorado en 10.500 millones de
dólares.

El Gobierno de Cristina Fernández ha decidido
nacionalizar el 51 % de YPF y que esta actuación sólo afecte a las
acciones en manos de Repsol.

Según Repsol, esta operación
vulnera los compromisos asumidos por el Tratado de Promoción y
Protección Recíproca de Inversiones firmado entre España y Argentina,
por lo que esta controversia debe dirimirse ante el Ciadi.

Este tipo de tratados, añadió la fuente, contienen medidas para proteger
internacionalmente las inversiones hechas por los inversores de un
Estado en el territorio de otro para dar estabilidad a la inversión y
reducir la incertidumbre política y jurídica que a veces afecta a
proyectos en el exterior.

En estos acuerdos, suscritos
principalmente con países no pertenecientes a la OCDE, los Estados
asumen ciertos compromisos de trato a las inversiones procedentes del
otro Estado y permiten dirimir discrepancias en un foro "más neutral"
que el que dan los tribunales del país que adopta medidas que perjudican
a inversiones extranjeras.

En el caso de YPF, Repsol entiende
que Argentina ha violado las cláusulas que establecen que no se puede
nacionalizar sus inversiones ni someterlas a medidas discriminatorias,
salvo por causas de utilidad pública y con la contraprestación del pago
de una indemnización "adecuada y sin demora".

Repsol sostiene
que, previo al anuncio de expropiación, se sometió a YPF a diversas
medidas para "erosionar o destruir su valor" como, por ejemplo, la
confiscación de manera coordinada de diversas concesiones en distintas
provincias del país.

La energética española recuerda que el 16
de abril se hizo efectiva la expropiación de YPF, mediante la
"ilegítima" intervención de la compañía y la expulsión de sus
directivos, sin observar las medidas de protección establecidas en sus
estatutos y antes incluso de la promulgación formal de la Ley de
Expropiación.

En cuanto al hecho de que la nacionalización
sólo afecte a las acciones de Repsol, la petrolera considera que pone de
manifiesto que se trata de una medida "discriminatoria" y contraria al
principio de "paridad de trato".

Recientemente, Repsol ha
remitido cartas a algunos de sus competidores -como Exxon, Chevron o
ConocoPhillips -para advertirles de que emprenderá acciones legales en
su contra en el caso de que acuerden eventuales inversiones en YPF y
hasta que se resuelva la situación con el Gobierno de Argentina.