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Proyectos de ley de FL son el peor ataque contra inmigrantes

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Varios proyectos de ley, algunos de ellos similares a la polémica SB de Arizona 1070, se han presentado en la Asamblea Legislativa de Florida, lo que es considerado por activistas y líderes religiosos como "el peor ataque" contra los inmigrantes de este estado.

Varios grupos defensores de los inmigrantes manifestaron su rechazo a esas leyes que, afirman, promueven el "perfil racial" y llamaron a los floridanos a emprender acciones para evitar que los congresistas estatales las aprueben.

Entre las medidas han convocado a una manifestación en Tallahassee, frente al Capitolio, el próximo 17 de marzo, y una campaña para llamar y escribir a los congresistas pidiendo que voten en contra de los proyectos.

"Estas leyes son dañinas a la economía del estado, a la seguridad y la cohesión comunitaria de Florida. Este ataque antiinmigrante será terrible no sólo para los inmigrantes", advirtió María Rodríguez, directora ejecutiva de la Coalición de Inmigrantes de Florida (FIC, por su sigla en inglés).

Rodríguez emitió la alerta en momentos en que el Comité Judicial del Senado de Florida analiza el proyecto de ley "Extranjeros no autorizados".

El proyecto requiere que todas las empresas utilicen el programa federal de verificación del estatus legal de sus trabajadores E-Verify que, de aprobarse, entraría en vigencia el 1 de enero de 2012.

Aquellas compañías que no ingresen al programa serían sancionadas con la suspensión de sus licencias, de acuerdo con el proyecto que es analizado hoy por el Comité Judicial presidido por la senadora republicana Anitere Flores, de origen cubano.

La fuerza laboral del estado es de más de 9 millones de trabajadores y de éstos 600.000 son indocumentados, es decir 6,6 por ciento del total que está por encima del promedio nacional de 5,2 por ciento, según datos del Pew Hispanic Center citados en el proyecto de ley.

"Florida es un estado que solo vive de dos industrias: turismo y agricultura. Ambas son manejadas mitad y mitad, un 50 por ciento de mano de obra barata y el resto por personas autorizadas a trabajar o son ciudadanos. Este proyecto perjudicará a todo el estado", dijo a Efe Carlos Pereira, director ejecutivo del Centro de Orientación del Inmigrante.

Recordó que una de las consecuencias de la ley 1070 de Arizona fue la cancelación de convenciones y otros eventos que generaban importantes ingresos a ese estado porque, afirmó, "nadie quiere ir a un lugar a dejar su dinero donde se discrimina y maltrata a las personas".

Alma Aguilera, presidente de la Unidad Hondureña Independiente, dijo que "gran parte de mis compatriotas y de otros países de Latinoamérica que viven en Florida están muy preocupados por lo que está sucediendo en el estado".

"Estoy llamando a los hondureños que puedan viajar a que se sumen a la manifestación en Tallahassee", declaró a Efe.

Otro aspecto que establece el proyecto de ley de Florida es fomentar que todos los alguaciles del estado suscriban convenios con el Departamento de Seguridad Nacional para implementar el programa 287g para detener a extranjeros con antecedentes penales y que todas las agencias policiales participen en el programa de Comunidades Seguras para verificar el estatus inmigratorio de los detenidos.

"Convertir a la policía en agentes de Inmigración es muy dañino porque tanto las víctimas como los testigos de delitos tendrán dificultad para comunicarse con los policías", dijo a Efe Rodríguez.

La activista consideró que con ello se echaría por tierra el esfuerzo y la inversión realizada para implementar una policía comunitaria a fin de mantener a la población segura porque "se generaría miedo, sospecha y falta de cooperación con los agentes".

"Estamos realmente muy inquietos con la agilidad y rapidez con que (los legisladores) están avanzado en materia de Inmigración", expresó Rodríguez.

El jueves pasado el Comité Judicial de la Cámara de Representantes votó a favor de un proyecto similar presentado por el congresista republicano William Snyder, convirtiéndose en el primero sobre el tema inmigratorio en ser aprobado en la Asamblea Legislativa de Florida.

Mientras, el 5 de marzo el senador republicano Greg Evers presentó otro proyecto de "ley de perfil racial", según la FIC.

El proyecto SB 1896, según esa organización, "penalizaría a cada inmigrante indocumentado en Florida como un intruso penal y permitiría en determinados casos detenciones sin orden judicial".

También penalizaría a cualquier persona que provea transporte a los inmigrantes indocumentados.

A la preocupación de la FIC se unieron hoy el religioso Jean Fritz Bazin de la diócesis episcopal del sudeste de Florida; Jean Monestime, comisionado de Miami-Dade, de origen haitiano; Susana Barciela, del Centro de Defensa de Inmigrantes de la Florida y Jonathan Fried, director de We Count!.

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