Varios representantes republicanos en el
Senado estatal presentaron una propuesta que negaría el acceso a
jóvenes indocumentados a todas las universidades públicas de Georgia.

La propuesta SB458, presentada por los republicanos Chip Rogers,
Judson Hill y Barry Loudermilk, requeriría a todas las universidades
públicas del estado a verificar el estatus migratorio de los estudiantes
en una base de datos federal y negar el acceso a aquellos que no puedan
demostrar que se encuentra legalmente en el país.

"Los
legisladores siguen tratando de negar el acceso a educación superior (a
inmigrantes indocumentados) y no les vamos a permitir eso. Vamos a
seguir luchando y trabajando en contra de esta medida", dijo Jerry
González, director ejecutivo de Asociación de Funcionarios Latinos
Electos de Georgia (GALEO).

El mes pasado, una propuesta de
ley que pretendía negar el acceso de estudiantes indocumentados a las
universidades públicas de Georgia fue suspendida temporalmente en la
legislatura luego de una audiencia pública en la que detractores de la
misma abarrotaron la sala para exponer su oposición.

La
propuesta HB59 buscaba exigir a las 35 universidades públicas del estado
a verificar el estatus migratorio de todos los estudiantes que
quisieran matricularse.

Una restricción aprobada el año pasado
año por la Junta de Regentes de Georgia da prioridad a residentes
legales y ciudadanos que quieran estudiar en las cinco universidades
públicas con cupo limitado.

Georgia College & State
University, Medical College of Georgia, Georgia State University,
Georgia Institute of Technology y University of Georgia son las
universidades que deben acatar la restricción, las cuales tenían en
total a 29 estudiantes indocumentados registrados el pasado año, según
cifras de la Junta de Regentes de Georgia.

Previo a la entrada
en vigencia de esta política, todas las universidades públicas de
Georgia permitían la matrícula de inmigrantes indocumentados, aunque
éstos no podían recibir ayuda federal o estatal y debían pagar la tarifa
reservada para quienes no son residentes del estado.

La
propuesta, cuyos impulsores aseguran busca evitar que inmigrantes
indocumentados obtengan beneficios financiados con dinero de los
contribuyentes, establece cambios en cuanto a los documentos de
identificación aceptados como válidos para solicitar permisos de
negocios, licencias profesionales y becas.

Asimismo, la medida
busca flexibilizar en algunos casos los requisitos en cuanto a los
documentos que deben presentarse para obtener servicios o beneficios
estatales.

Activistas pro-inmigrantes califican los cambios
como una "admisión" de los legisladores de que fueron demasiado lejos
con la ley anti-inmigrante HB87 que entró en vigencia el año pasado.

"Estos cambios demuestran que los líderes del Senado de Georgia
reconocen que hubo grandes problemas con la HB 87 y que quieren tratar
de arreglarlos", señaló González.

La HB87 entró en vigencia el
pasado 1 de julio sin algunas de sus cláusulas más duras que
autorizaban a la policía local a verificar el estatus migratorio de los
sospechosos de ser indocumentados y la penalización de quienes
transportaran o albergaran a inmigrantes sin papeles.

El
sector empresarial ha expresado su descontento ante las restricciones
existentes que limitan el tipo de documentos aceptados como válidos para
recibir servicios y tramitar permisos en Georgia, que aseguran está
frenando el desarrollo económico en el estado.

De ser
aprobada, la iniciativa prohibiría el uso de pasaportes como documento
de identificación para obtener beneficios en Georgia, a menos que estos
sean acompañados por otros documentos reconocidos como válidos.