La secretaria de Seguridad Nacional, Janet
Napolitano, y otros funcionarios del Gobierno, aseguraron este viernes que los
estudiantes indocumentados, incluyendo los que podrían beneficiarse con
una eventual aprobación del "Dream Act", no son "prioridad" para las
deportaciones.

"Diré, y puedo decir, que este grupo (de
estudiantes), si verdaderamente reúnen todos los criterios -y vemos muy
pocos de ellos en el sistema migratorio-, no son la prioridad", aseguró
Napolitano, durante un foro organizado por el centro demócrata NDN.

"La razón por la cual establecemos prioridades es para centrarnos en
aquellos que están en el país y que también están cometiendo otros actos
ilícitos", explicó Napolitano, quien afirmó que los "dreamers"
-beneficiarios del "Dream Act"- "pusieron el rostro humano" a los
efectos de la inacción.

De ser aprobado, el "Dream Act"
permitiría la legalización de estudiantes indocumentados que, entre
otros requisitos, se inscriban en las Fuerzas Armadas o completen al
menos dos años de universidad. La medida fue aprobada por la Cámara de
Representantes en 2010 pero no logró prosperar en el Senado.

Más adelante, el titular de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE),
John Morton, afirmó que, respecto a la moratoria a las deportaciones que
exigen grupos proinmigrantes, "no podemos suspender la ley federal"
para ningún grupo y que el Gobierno toma decisiones "caso por caso".

Asimismo, Napolitano afirmó que la frontera con México está más
segura que nunca y que quienes se empeñan en decir lo contrario sólo
buscan "sumar puntos políticos".

"No estoy acá en gira
triunfalista... pero las inversiones que estamos haciendo en la frontera
están produciendo resultados significativos y tangibles" en la
seguridad fronteriza, dijo.

"Simplemente es impreciso decir,
como demasiados han hecho, que la frontera con México está fuera de
control. Creo que a veces se hace esta declaración para sumar puntos
políticos, pero está sencillamente equivocada", argumentó.

Para la titular del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), este tipo
de críticas tiene un impacto negativo en las comunidades fronterizas y
perjudica a ciudades como San Diego (California) y El Paso (Texas), y a
comunidades como la de Nogales (Arizona), que dependen de los trabajos
en la zona.

"La realidad es que muchas de las comunidades más
seguras de nuestro país están en la frontera, y las tasas de crímenes
violentos en las comunidades fronterizas permanecen sin cambio o han
bajado en los últimos años", señaló Napolitano.

Otros
funcionarios de inmigración repitieron que, aunque la narcoviolencia es
una constante preocupación, se han redoblado los esfuerzos por
resguardar la seguridad en la frontera.

El titular de la
Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), David Aguilar, dijo
que gracias al despliegue de recursos ha habido "una tremenda cantidad
de éxito" en la zona: en 2009, por ejemplo, la tasa de crímenes
violentos bajó un 20 por ciento en San Diego, un 17 por ciento en Tucson
(Arizona), y un 30 por ciento en El Paso.

El alcalde de Yuma,
Alan Krieger, dijo que no está en estado de "negación" sobre la amenaza
de la narcoviolencia pero que su ciudad, en el suroeste de Arizona, "es
segura y lista para los negocios, y eso es cierto en muchas otras
comunidades" en la frontera.

Al describir la dinámica en la
zona, Krieger señaló que entre 30.000 y 40.000 personas cruzan a diario
ese tramo de la frontera, "la vida continúa" y "no es cierto" que haya
caos.

Pese a la aparente campaña de relaciones públicas del
Gobierno en el campo migratorio, grupos proinmigrantes anunciaron este
jueves que continuarán luchando por "justicia" para los inmigrantes y
una moratoria a las deportaciones.