La decisión del juez del Supremo de Nueva Jersey, Roberto Rivera Soto, único latino en el máximo tribunal estatal, de no opinar en los casos que tiene ese foro ante su consideración le mantiene en el centro de una controversia.

Su decisión mantiene además paralizado los trabajos de la Corte Suprema, en una polémica que enfrenta a los magistrados de ese foro y se extiende a las ramas ejecutiva y legislativa, ya que varios senadores han pedido la renuncia del juez puertorriqueño, según señalan medios de comunicación en Nueva Jersey.

Rivera Soto, que está en el Supremo de Nueva Jersey desde 2004, no está de acuerdo con el nombramiento de un juez interino para ocupar la vacante del magistrado John Wallace, quien no fue nominado por el gobernador republicano Chris Christie el pasado mayo.

En su lugar, Christie designó a la abogada Anne Patterson, también republicana, para llenar la vacante, pero el nombramiento no fue aprobado por el Senado, dominado por los demócratas, que alegan que no considerarán ningún suplente para Wallace hasta que éste no se haya retirado en marzo de 2012, como le corresponde.

Ante esa situación, el presidente del tribunal, Stuart Rabner, designó a un juez para ocupar de forma interina el puesto de Wallace alegando que tienen mucho trabajo.

Pero, Rivera Soto sostiene que eso no fue necesario y que Rabner no tiene el poder constitucional para hacer ese nombramiento y que sólo puede hacerlo el gobernador del estado.

Rabner cuenta con el apoyo de los jueces Virginia Long, Jaynee LaVecchia y Barry T. Albin mientras que Helen Hoens comparte la opinión de Rivera Soto.

La discrepancia entre Rivera Soto y Rabner gira en torno a una frase en la Constitución del estado que señala que "cinco miembros de la Corte Suprema pueden constituir quórum. Cuando sea necesario, el presidente puede asignar" al juez con el rango más alto en la Corte Superior "para servir interinamente".

La controversia en la Corte Suprema ha llegado al Senado estatal, donde varios legisladores demócratas, incluyendo el presidente de la Cámara Alta, Stephen Sweeney, han pedido su renuncia, señala además la prensa local en Nueva Jersey.

"La disidencia del juez Rivera Soto muestra desprecio por la ley, por sus compañeros y por los residentes del estado de Nueva Jersey", ha señalado Sweeney, quien asegura que la Constitución del estado le permite a Rabner hacer el nombramiento interino de un juez.

Incluso entre demócratas se ha hablado de iniciar un proceso legislativo en su contra por no cumplir con sus funciones, lo que la senadora republicana Jennifer Beck considera "ridículo" porque el juez Rivera Soto "no ha cometido ningún crimen".

Ese proceso contra un funcionario público debe comenzar en la Asamblea del estado, donde, según su presidenta, la demócrata Sheila Oliver, no hay ningún plan para llevarlo a cabo aunque se mantienen atentos a los que ocurre.

El gobernador Christie ha señalado por su parte que es "irónico" que los demócratas se negaran a realizar audiencias sobre el nombramiento de Patterson, pero critiquen a Rivera Soto por no cumplir con sus responsabilidades.