El juez federal de distrito de Charleston,
Richard Gergel, bloqueó esta semana las partes más controvertidas de la ley de
inmigración de Carolina del Sur SB20, que estaba prevista para entrar en
vigor el próximo 1 de enero.

Gergel dejó sin efecto el
artículo que permitía a los agentes de la ley locales y estatales pedir
documentos migratorios a los sospechosos de ser indocumentados.

Igualmente, descartó las porciones de la ley referentes a la
obligación de las personas radicadas en Carolina del Sur de portar
documentos migratorios y la que convertía en un delito el transportar a
personas que carecen de estatus migratorio.

"Este es un
triunfo de la comunidad inmigrante", dijo Iván Segura, del Consejo de
los Mexicanos en las Carolinas, que ha luchado para impedir la
aplicación de la SB20.

"El mensaje que tenemos que enviarle a la comunidad es que esté tranquila y que no sienta más zozobra", agregó Segura.

El veredicto de Gergel fue dado a conocer hoy en un documento de más
de 40 páginas tras sostener una audiencia el lunes en la que escuchó los
argumentos de los abogados de la gobernadora de Carolina del Sur, Nikki
Haley, a favor la normativa y de los demandantes, entre los que se
encontraban representantes del Gobierno federal, de la Unión Americana
de Libertades Civiles (ACLU) y de otros grupos de derechos civiles.

"El juez Gergel demostró conocer muy bien el tema y estableció una
diferencia entre las funciones que tienen los estados y el gobierno
federal en materia migratoria", dijo Eric Esquivel, uno de los
demandantes, radicado en el balneario de Hilton Head.

El
domingo 18 de diciembre grupos de fe y de derechos civiles realizaron
marchas, manifestaciones y vigilias en las principales ciudades de
Carolina del Sur para rechazar la SB20.

La gobernadora Nikki
Haley había firmado la SB20, después de su aprobación en las dos cámaras
legislativas de Carolina del Sur, el pasado 27 de junio, convirtiéndola
en una de las leyes antiinmigrantes más severas del país.

La
SB20 contiene conceptos similares a la ley estatal SB1070 de Arizona y
HB56 de Alabama, que han tenido efectos devastadores para la población
inmigrante y la economía de esos estados.

La semana pasada, la
Corte Suprema de Justicia anunció que escuchará a las partes para
emitir un fallo sobre la SB1070 de Arizona.

Una particularidad
de la SB20 es que incluye la creación de la Unidad de Cumplimiento de
las Leyes de Inmigración, que sería un brazo policial estatal compuesto
por 12 agentes, para arrestar a indocumentados.

Asimismo la
SB20 contemplan penas de cinco años de prisión y 25.000 dólares de multa
a quienes produzcan documentos fraudulentos.

Previamente, en
2008 se aprobó en Carolina del Sur una ley estatal de inmigración que
prohibió explícitamente el ingreso de estudiantes indocumentados en los
colegios comunitarios y universidades públicas.

Se calcula de que de los 235.000 hispanos radicados en Carolina del Sur, al menos 45.000 sean indocumentados.