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Juez escuchará argumentos sobre ley anti-inmigrante de GA

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El juez federal en Atlanta Thomas Thrash
escuchará argumentos sobre la controvertida ley contra los
inmigrantes indocumentados en el Estado de Georgia, un caso en el cual
han intervenido los gobiernos de México y otros 11 países
latinoamericanos, según el calendario de actividades del juez.

La legislación, titulada HB87, entrará en vigor el 1 de julio y la
querella ante el juez Thomas Thrash iniciada por grupos de derechos
civiles y defensores de los inmigrantes es la batalla más reciente en
una disputa que se ha extendido a todo el país sobre la inmigración
ilegal.

Los abogados que representan a Georgia han presentado mociones para que el juez federal rechace la demanda.

La legislación permite que la policía inquiera sobre el estatus de
inmigración a las personas interrogadas en ciertas investigaciones
criminales.

En Estados Unidos la aplicación de las leyes de
inmigración es asunto del gobierno federal, no de los gobiernos de los
Estados. Pero en años recientes, en ausencia de una reforma integral de
las leyes de inmigración, varios Estados han ordenado a sus policías la
vigilancia del estatus inmigratorio de los sospechosos.

Pero
la ley de Georgia va más allá que la de otros Estados: estipula que los
trabajadores condenados por el uso de documentos falsos en la obtención
de empleo pueden recibir sentencias de hasta 15 años de prisión y multas
de hasta 250.000 dólares.

Entre quienes se oponen a la
legislación figuran productores agropecuarios del Estado que, en muchos
casos encaran una disminución de hasta un 50 por ciento en su fuerza
laboral y se ven abandonados a abandonar parte de sus cosechas.

"Esta ley nos afecta muy duramente porque muchos trabajadores tienen
miedo y, como Georgia es uno de los pocos estados que tienen este tipo
de leyes, los trabajadores prefieren irse a otro estado", dijo Gary H. Paulk, propietario de una firma que cultiva uvas, moras y
arándanos.

Las organizaciones e individuos que han presentado
la demanda sostienen que la aplicación de la ley llevará a la
discriminación y a la detención de personas simplemente por su aspecto u
origen nacional.

La representación de los demandantes en la
querella la tiene la Liga Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU), el Centro Nacional de ley de Inmigración, el
Centro Legal de Pobreza en el Sur, y el Bloque Asiático de Leyes.

Varias organizaciones, incluida la Liga Anti-Difamación y la
Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración, y los gobiernos de
12 países latinoamericanos han presentado testimonios que respaldan a
los demandantes.

"México testimonia, respetuosamente, que si
se permite que entre en efecto la ley HB 87, habrá un impacto adverso
significativo y duradero en las relaciones bilaterales
mexicano-estadounidenses, sobre los ciudadanos mexicanos y otras
personas de ascendencia latinoamericana en Georgia", indicó el documento
del gobierno mexicano.

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