El asambleísta Gil Cedillo presentó esta semana dos
iniciativas que contemplan permitir a estudiantes indocumentados
solicitar becas y ayuda financiera y ampliar los beneficios de una ley
existente para ciertos estudiantes.

La AB 540 permite desde
2001 a estudiantes sin seguro social que se hayan graduado de una
escuela secundaria en California, y quieran asistir a uno de los
sistemas universitarios o uno de los 110 colegios comunitarios del
estado, pagar colegiatura estatal, pero no recibir ayuda financiera que
les ayude a costear los gastos.

"La AB 540 abrió las puertas a
estos estudiantes, pero no es suficiente sin ayuda financiera. Muchos
vienen de familias de bajos ingresos, al grado de que el sueldo anual a
veces es menor que el costo de una educación superior", dijo hoy durante
la audiencia en el Congreso estatal el rector de la Universidad de
California en Berkeley, Robert Birjeneau.

En su intento por
cambiar esta situación, Cedillo, representante demócrata de Los Angeles,
presentó las medidas AB 130 y AB 131 en el Comité de Educación Superior
de la Asamblea.

Específicamente, la AB 130 permitiría a los
sistemas universitarios del estado UC (Universidad de California) y CSU
(Universidad Estatal de California), así como los 110 colegios
comunitarios, otorgar becas internas o financiadas por medios privados a
estudiantes indocumentados.

Asimismo, ampliaría la ley AB 540
para incluir a estudiantes que hayan asistido a una preparatoria de
California un mínimo de un año, y se hayan graduado de una escuela de
adultos o escuelas especializadas.

Por su parte, la AB 131
contempla incluir las becas estatales y publicas Cal Grant para
estudiantes indocumentados, así como las exenciones de colegiaturas para
estudiantes de bajos ingresos en los sistemas universitarios y colegios
comunitarios.

"Esta es una inversión para el futuro de estos
jóvenes y de nuestro estado, ya que estos estudiantes son los más
inteligentes de nuestras escuelas", dijo Cedillo durante la
presentación.

"Estamos aquí para terminar lo que empezamos con
la AB 540. Tenemos, como estado, la obligación de educar a nuestros
estudiantes, y darles las oportunidades a aquellos que ya son parte de
nuestro estado y nuestra cultura", añadió.

Actualmente, la ley
federal prohíbe que estudiantes indocumentados reciban asistencia
financiera federal u otros préstamos, y prohíbe a los estados ofrecer
beneficios públicos a menos de que estos estados aprueben estatutos
individuales.

La colegiatura anual para un estudiante
residente del sistema UC es de un promedio de 10.302 dólares, mientras
que para un estudiante no residente es de 34.746 dólares.

En
el sistema de CSU, la colegiatura de estudiantes residentes es de 5.256
dólares, mientras que los no residentes pagan un promedio de 22.000
dólares al año.

Este costo, sin embargo, no incluye libros,
transporte, renta, o comida. Según la Comisión de Ayuda Financiera de
California (CSAC), un estudiante paga un promedio de 16.497 dólares
adicionales para cubrir estos gastos.

"Esta propuesta va a
abrirle muchas oportunidades a estudiantes que no tienen muchas
opciones", dijo Ana Gómez, graduada de UC y cuya hermana está por
graduarse de la preparatoria, y necesita de ayuda financiera para poder
asistir a la universidad.

"Es una diferencia muy grande", sostuvo.

Decenas de estudiantes se unieron al asambleísta Cedillo en apoyo a
las propuestas que cuentan además con el visto bueno de Dolores Huerta,
cofundadora del Sindicato de Trabajadores Agrícolas (UFW), y el
vicegobernador Gavin Newsom.

"Estos estudiantes no deben pagar
por los errores de sus padres, y si son aceptados a la universidad por
su arduo esfuerzo, entonces deben también tener la oportunidad de
competir por ayuda financiera", dijo Newsom.

"Mientras nos recuperamos de esta recesión, no tiene sentido no respaldar este talento (estudiantes)", añadió.

La AB 540, del fallecido asambleísta Marco Antonio Firebaugh,
contempla que los estudiantes indocumentados que se hayan graduado y
asistido a una preparatoria en California un mínimo de tres años,
aceptado en uno de los sistemas de educación superior, y firmado un
afidávit para buscar la ciudadanía, son elegibles para pagar colegiatura
como residente.

El año pasado, el sistema UC indicó que unos
605 estudiantes fueron elegibles para recibir becas o ayuda financiera.
En CSU, unos 3.600 estudiantes estuvieron matriculados bajo la ley AB
540.

En los colegios comunitarios, se estima que unos 34.000
estudiantes estuvieron matriculados bajo la AB 540 en el periodod
2008-2009, y que hasta un 45 % podrían llegar a recibir becas.

"Estamos por hacer recortes a los sistemas universitarios debido a
nuestra situación económica, y las oportunidades van a ser limitadas,
así que no tiene sentido para mí dejar a otros estudiantes atrás que sí
son ciudadanos", dijo el asambleísta Tim Donnelly, republicano de Twin
Cities y miembro de la milicia antiinmigrante Minutemen.

"Además, el público no quiere pagar por el Dream Act, como fue comprobado a nivel federal", sostuvo.

A lo que Cedillo contestó: "estos jóvenes están comprometidos a
quedarse en California, y muchos han sido criados aquí. En mis ojos,
ellos ya son ciudadanos, que tienen el derecho a competir por becas".

El comité aprobó la AB 130 con un voto de seis a favor y dos en
contra, y la AB 131 con un voto de cinco a uno. Ambas se dirigen al
Comité de asignaciones.

En noviembre del año pasado, el
Tribunal Supremo de California confirmó la validez de la AB 540. El
exgobernador Arnold Schwarzenegger vetó medidas similares el año pasado,
pero el actual gobernador, Jerry Brown, ha indicado su apoyo a las
mismas.