Las FARC mantuvieron desplegada este domingo su
ofensiva en todo el territorio colombiano con ataques contra las fuerzas
de seguridad y las infraestructuras del país, mientras los indígenas
del departamento del Cauca, en el suroeste, aguardan a concretar con el
Gobierno soluciones a tanta violencia.

Este encuentro,
concebido el pasado jueves por las partes como un "diálogo de alto
nivel", se celebrará mañana en el municipio caucano de Santander de
Quilichao, confirmaron fuentes de la Defensoría del Pueblo, ente
que también participará en él.

Con esta mesa de concertación
se buscan salidas a los problemas de los nativos del Cauca, quienes,
hastiados de vivir entre el fuego, emprendieron hace dos semanas una
campaña para expulsar tanto a la fuerza pública como a la guerrilla, lo
que derivó en agitaciones sociales y las muertes de dos civiles.

El momento más tenso se vivió el pasado martes, cuando los nasa
desalojaron a empujones a un centenar de soldados de una base militar
ubicada en un cerro sagrado del municipio de Toribío, que la Policía y
el Ejército retomaron al día siguiente.

Marcos Yule,
gobernador del resguardo de Toribío, manifestó que las
expectativas de la comunidad ante esta cita es que se respeten "de buena
gana" sus requisitos.

"Necesitamos que el Ejército se salga
de la base militar, porque es sitio sagrado y nunca han hecho la
consulta previa para asentarse allí; la atención a los heridos de la
represión (unos 30) y que resuelva esa situación de judicialización que
han expresado" sobre los indígenas que sacaron a la fuerza a los
soldados.

Esta cita es posible después de que los nasa
cumpliesen el domingo la condición impuesta por el Gobierno de entregar la caja
negra de un avión militar siniestrado el pasado 11 de julio, cuando el
presidente Juan Manuel Santos acudió a Toribío a liderar un consejo de
ministros.

En una asamblea extraordinaria celebrada en el
resguardo de Jambaló, los indígenas dejaron la caja en manos de una
comisión de la Defensoría del Pueblo y Naciones Unidas que a su vez la
entregarían a la Fuerza Aérea Colombiana (FAC) destacada en Cali para
estudiar lo sucedido.

La caída de esta aeronave, una Súper
Tucano, está rodeada de polémica, pues las FARC reivindican haberla
derribado mientras que el presidente Santos ha rechazado esa posibilidad
frontalmente citando análisis del chasis desarrollados por la FAC, que
apuntan a que no hubo impacto alguno.

Mientras entre la etnia
nasa crece la esperanza ante la posibilidad de que el conflicto quede
fuera de sus territorios, y poner así fin a medio siglo de violencia,
los colombianos del resto del país siguen padeciendo las consecuencias
de la permanente estrategia militar de las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia (FARC).

En los últimos días, esta guerrilla ha dinamitado un puente, ha
atentado con explosivos contra dos importantes oleoductos, ha atacado a
dos patrullas policiales dejando al menos un muerto y ha incinerado
cinco tractocamiones cargados de carbón.

Estas acciones
causaron numerosos problemas a la población civil de todo el país con
consecuencias como la incomunicación, las pérdidas comerciales o la
situación de los habitantes de tres municipios del este de Colombia, donde se cerraron los acueductos para prevenir una intoxicación masiva por derrames de crudo en el río Arauca.

El presidente Santos visitó hoy San Vicente del Caguán, municipio
sureño afectado por la voladura del puente Riecito, donde anunció
soluciones de continuidad y rechazó los ataques guerrilleros.

"Este ataque terrorista, como todos los ataques terroristas que hemos
visto en los últimos meses, lo que buscan es desesperar a la gente, pero
no tiene ninguna ventaja militar", afirmó con rotundidad.

El
Secretariado de las FARC opinó, a su vez, en una declaración pública
divulgada en su web que con los recientes acontecimientos se desmorona
"la imagen de esa Colombia
paradisiaca que los dos últimos gobiernos se encargaron de difundir", e
insistieron en que su lucha sigue, y "sin volver la espalda a la gente
humilde".