La Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE)
empezó esta semana a revisar los casos de deportación según llegan a los
tribunales, lo que amplía el número de indocumentados que pueden ver
suspendida su deportación conforme a la nueva política federal.

El pasado 18 de agosto, el presidente Barack Obama anunció un cambio
en la aplicación de la ley que suponía revisar "caso por caso" los
procesos judiciales de unos 300.000 indocumentados que afrontan trámites
de deportación, lo que permitiría a muchos de ellos no sólo quedarse en
EE.UU., sino además solicitar permisos de trabajo.

El jueves pasado, ICE
inició una fase en una iniciativa propia, anunciada en junio y que se
aplica junto con la dictada por Obama, por la que sus abogados
comenzarán a revisar los casos nuevos que lleguen a los 59 tribunales de
inmigración de todo el país, además de algunos antiguos.

El
hecho de que también se revisen los casos nuevos, y no sólo los
pendientes en los tribunales, implica que el cambio de política afectará
a un número superior de indocumentados que los 300.000 calculados en
agosto, según confirmaron fuentes del ICE.

Con la
evaluación de los procesos nuevos, el ICE pretende reducir los problemas
de eficiencia "que retrasan la expulsión de extranjeros delincuentes,
al prevenir el riesgo de que nuevos casos de baja prioridad atasquen la
lista de procesos pendientes en los tribunales", explicó la agencia en
un comunicado.

En esta fase, que se prolongará hasta el 13 de
enero de 2012, los abogados del ICE cerrarán los casos calificados de
"baja prioridad" según la nueva directiva, antes incluso de que sean
presentados ante el juez.

Al mismo tiempo, los casos de
inmigrantes que sí sean considerados un peligro para la seguridad
nacional serán seleccionados para su trámite dentro de un calendario
especial que acelerará sus audiencias ante los jueces.

Sin
embargo, aunque los casos sean cerrados dentro del nuevo proceso, los
expedientes no desaparecerán,y los procesos de deportaciones podrán ser
reabiertos en cualquier momento, según la agencia.

Así, los
indocumentados podrán quedarse en EE.UU. pero permanecerán en una suerte
de limbo legal, sin ningún tipo de estatus migratorio como tal.

El ICE también comienza hoy una fase de formación que todos sus
agentes de seguridad y abogados deberán completar antes del 13 de enero,
y con el que pretende reducir la confusión registrada hasta ahora
acerca de cómo aplicar la nueva directiva.

En cuanto a los
casos pendientes, la agencia pondrá en marcha el 4 de diciembre una
nueva fase, que consistirá en dos programas piloto de seis semanas en
las que los abogados examinarán cada uno de los procesos acumulados en
los tribunales de inmigración de Baltimore (Maryland) y Denver
(Colorado).

A partir del 13 de enero, cuando también acaba esa
fase, las autoridades decidirán cómo ampliar el modelo de esos
programas piloto a los tribunales de inmigración de todo el país.

Aunque el anuncio de Obama suscitó grandes esperanzas entre muchos
inmigrantes, hasta ahora no se había aplicado más que en algunos casos
aislados, lo que desilusionó a muchos indocumentados que esperaban ver
aliviadas sus órdenes de deportación.

La organización hispana
"Casa de Maryland" llegó a denunciar, en septiembre, que algunos de los
funcionarios del ICE tenían orden de "ignorar el memorando enviado por
el director" de la agencia, John Morton, en el que detallaba las nuevas
directrices.

Por eso, la puesta en marcha de una fase práctica
sólida, y de un programa de formación destinado a uniformar la manera
en que los agentes de cada estado entienden la política, satisfizo hoy a
muchas organizaciones de defensa de los derechos de los inmigrantes.

"Celebramos el lanzamiento de la revisión prometida por el Gobierno
para reducir el atasco en el proceso de los casos de deportación y
priorizar los recursos", dijo en un comunicado el director ejecutivo de
el Foro Nacional de Inmigración (NIF).

En el año fiscal 2011,
el Gobierno de Obama deportó a casi 400.000 indocumentados, la mayor
cifra registrada hasta ahora. De ellos, casi el 55 % eran individuos con
antecedentes penales.