El gobernador Luis Fortuño denunció un
intento de desestabilizar al Ejecutivo tras la acusación al Departamento
de Educación de supervisar de forma inadecuada 1.140 millones de
dólares provenientes de fondos federales.

Fortuño restó este miércoles importancia a las informaciones aparecidas en la prensa local en las que
se reflejan los informes remitidos al Ejecutivo por parte de
autoridades federales en los que se cuestionan los controles efectuados
sobre cientos de millones de dólares enviados por Washington al
Departamento de Educación.

El gobernador dijo que no se debe
creer todo lo que aparece en los periódicos, sobre las informaciones que
recogen las notas enviadas a San Juan por parte de la Oficina del
Inspector General (OIG) del Departamento de Educación federal.

La oposición, a través de la portavoz del Partido Popular Democrático
(PPD) en el Senado, Sila Mari González, aprovechó la ocasión para pedir
una investigación sobre el presunto uso irregular de fondos federales
por parte de Educación.

González dijo que el Departamento de
Educación debe rendir cuentas al país de cada centavo de fondos
federales que se utilice en las escuelas públicas de Puerto Rico.

La OIG describió en uno de sus informes como sistema de alto riesgo
el programa de contratos de servicios de Educación, además de cuestionar
la documentación existente sobre el desembolso de cientos de millones
de dólares por parte de ese departamento.

La Oficina del
Inspector General apunta además una supuesta incongruencia, de por lo
menos 15 millones de dólares, entre contratos reportados a las
autoridades federales y los pagos reflejados en documentos del
Departamento de Educación local.

Los informes hacen referencia
a la falta de supervisión adecuada durante la administración del
antiguo gobernador Aníbal Acevedo Vilá y el primer semestre del actual
Ejecutivo.

La prensa local recoge además un informe según el
cual el Departamento de Educación no entregó información confiable de
contratos por valor de más de 161 millones de dólares entre los años
2006 y 2008.

El secretario de Educación, Jesús Rivera, señaló
sobre el asunto que se han establecido controles para mejorar el proceso
de concesión de contratos, además de culpar al antiguo Ejecutivo de las
irregularidades a las que hacen referencia las autoridades federales.

Rivera mostró su confianza en que cuando el próximo día 14 regrese a
Puerto Rico el equipo de inspectores federales encargados del caso
encuentren una mejora de la información disponible sobre el dinero
destinado al Departamento de Educación por Washington.

El
director de la Oficina de Servicios de Alto Riesgo del Departamento de
Educación Federal, Phil Maestri, no descartó que el caso pueda implicar
que el Departamento de Educación local sea incluido en el listado de
jurisdicciones de alto riesgo, lo que podría acarrear la congelación de
futuras subvenciones.

Maestri matizó que, no obstante, habrá
que esperar al informe final que saldrá de la visita del día 14, fecha a
partir de la cual habrá que esperar dos meses más para conocer la
decisión definitiva de las autoridades federales.

La Ley de
Reinversión y Reconstrucción de América (ARRA)
permitirá a Puerto Rico recibir de las arcas federales un total de
6.400 millones de dólares durante los próximos años.