Aunque aún no ha anunciado públicamente si se presentará a la reelección, la presidenta argentina,
Cristina Fernández, ha comenzado a marcar distancias con los sectores
más duros del peronismo y parece dispuesta a buscar el voto de la clase
media.

Desde la muerte de su esposo y antecesor en el cargo,
el expresidente Néstor Kirchner, el pasado octubre, Fernández ha
moderado la agresividad de su discurso y progresivamente ha ido
abandonado las denuncias sobre supuestas conspiraciones contra el
Gobierno.

Fernández, favorita indiscutible en las encuestas
hasta ahora -algunas incluso le dan el triunfo en primera vuelta para
los comicios presidenciales de octubre-, ha sorprendido a la dividida
oposición argentina frenando algunas maniobras "ultrakirchneristas" o del peronismo más tradicional.

En los últimos días ha frenado la polémica abierta por un grupo de
intelectuales oficialistas en protesta por la presencia del Nobel de
Literatura Mario Vargas Llosa en la Feria del Libro de Buenos Aires, y
ha lanzado un mensaje claro a los sindicatos para rebajar la crispación
social.

Además, ha tumbado el "globo sonda" difundido desde un
sector "ultrakirchnerista" sobre la existencia de un supuesto plan para
reformar la Constitución y facilitar un tercer mandato.

"Si
no he logrado una minoría simple para una norma que han tenido todos los
presidentes argentinos (la ley de presupuesto), a quién se le ocurre lo
de la reforma constitucional", se preguntó el pasado día 1, en el
discurso de apertura del curso parlamentario.

En la misma
sesión insistió en un mensaje que ya había lanzado y que supone una
critica velada a los sindicatos, especialmente a la poderosa Central
General de Trabajadores (CGT), que dirige Hugo Moyano, también
presidente del Partido Justicialista (PJ, peronista) de Buenos Aires.

La presidenta afirmó que pretende ser "compañera" pero "no cómplice"
de las protestas callejeras y apeló a la "inteligencia" de las
organizaciones sindicales para acordar subidas salariales razonables.

Consciente de su poder -especialmente en un año electoral- y
acostumbrado a tomar las calles para conseguir sus objetivos, Moyano ha
acusado el cambio de rumbo del gobierno y aguarda cauteloso.

Para demostrar que la nueva estrategia del Gobierno es efectiva, la
policía desalojó el miércoles una protesta sindical que bloqueó durante
horas una de las líneas de ferrocarril del cinturón de Buenos Aires y
detuvo a 14 personas.

El propio jefe de Gabinete, Aníbal
Fernández, afirmó hoy que esta decisión "es una muestra clara" del
adelanto de la presidenta ante el Parlamento.

"Hay que ser muy
puntillosos y criteriosos para recomponer la autoridad y esto no
significa lastimar ni pegarle a nadie, sino buscar entre todos la
garantía de que el resto de la sociedad tiene el derecho a seguir sus
funciones diarias con normalidad", afirmó.

Mientras el
Gobierno parece decidido a abrir las calles a los ciudadanos, el
sindicato mas poderoso del país juega su propia baza con los reclamos
salariales.

Lejos de reconocer la cifra oficial de inflación,
un 10,9 por ciento en 2010, el sindicato pidió hoy una subida media del
28 por ciento -cifra próxima a las estimaciones de consultoras privadas-
para las negociaciones de los convenios de 2011.

Precisamente
la inflación es el talón de aquiles del Gobierno de Fernández y uno de
los motivos de mayor preocupación de los argentinos.