Legisladores y grupos cívicos exigen que el
proceso de redistribución de distritos electorales en Texas favorezca a
las áreas donde existe mayor concentración de hispanos.

De
acuerdo con los últimos resultados del Censo, la población en Texas
aumentó un 65 por ciento en la última década y ahora suma 26 millones de
personas, 9,4 millones de ellas son hispanos.

Este incremento
le permite sumar cuatro escaños más en la Cámara de Representantes en
Washington y por consiguiente se debe plantear un nuevo mapa distrital.

Según el representante estatal Roberto Alonzo (D-Dallas), el proceso
de redistribución también tiene un aliciente económico para las zonas
donde deben alojarse los nuevos distritos porque recibirán más fondos
federales.

"Pero siempre que sea en lugares donde hay mayoría
hispana. Es lo más justo debido al impacto del crecimiento de ese sector
en el estado", indicó.

"Uno de los nuevos distritos deberá
estar en el norte de Texas, en la región que comprende Dallas y Fort
Worth, otra en el sur, otra en Houston y la cuarta en el corredor que
comprende Austin y San Antonio", señaló Alonzo.

De la misma opinión es la representante Carol Alvarado (D-Houston), quien forma parte del Comité de Redistribución Congresal.

"Con el aval que representa el crecimiento de la comunidad latina en
Texas, el proceso debe ser justo y equitativo para esa población. Lo
ideal es que las áreas con gran concentración de hispanos tengan al
menos tres sillones al Congreso federal", subrayó

Alvarado,
cuyo comité además tiene la responsabilidad de conformar los nuevos
distritos de la Junta de Educación de Texas, la Cámara de Representantes
y el Senado estatal, señaló que la redistribución debe reflejar
oportunidades para una población en crecimiento como la hispana.

Según la ley, esta redistribución distrital se debe efectuar cada
diez años y cada distrito debe tener exactamente 698.488 residentes, ni
uno más.

Por eso, el Fondo México-Americano de Defensa Legal y
Educación (MALDEF, en inglés) presentó dos propuestas de redistribución
que, según la organización, representan fielmente los intereses de los
hispanos del estado.

De acuerdo con Nina Perales, directora de
asuntos legales de MALDEF en San Antonio (Texas), ambos planes
contienen al menos nueve distritos donde la mayoría de sus pobladores es
de origen hispano.

"Creemos que la distribución de esos
distritos cumple con los requisitos de la Ley de Derechos Electorales
federales que se promulgó para evitar precisamente que el voto latino
pierda fuerza", dijo.

"No se trata de rediseñar el mapa
electoral para favorecer a una persona o a un grupo étnico, sino más
bien darle a los hispanos del estado la oportunidad de tener la decisión
final para elegir a quien los represente", enfatizó Perales

En 2006, MALDEF entabló un juicio al gobernador de Texas, Rick Perry,
porque el plan de redistribución distrital violaba los derechos de los
votantes hispanos. La Corte Suprema falló a favor de MALDEF.

Otro grupo, llamado Mexican American Legislative Caucus (MALC, en
inglés), conformado por varios legisladores hispanos, presentó esta
semana una demanda judicial contra Perry.

En la querella se
asegura que durante el proceso censal del año pasado, muchas
comunidades, especialmente donde viven inmigrantes de escasos recursos
económicos, no fueron contabilizadas.

Según MALC, eso
representa al menos un ocho por ciento de los hispanos que viven en
Texas, la mayoría sin documentos legales para trabajar.

La versión final en la que se trazarán los mapas distritales tiene como fecha límite el 27 de mayo.

Por su proximidad a México, Texas es el segundo estado con mayor número de indocumentados.

De acuerdo al Instituto de Política Migratoria, Texas alberga al
menos un millón de inmigrantes indocumentados, aunque hay otras
organizaciones que creen que el número es aún mayor.

La
Universidad de Texas en San Antonio predice que dentro de dos décadas,
la población de Texas será de 41 millones con gran mayoría hispana.