El poeta argentino Juan Gelman y su nieta Macarena Gelman pidieron este martes a
la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que intervenga
para que Uruguay realice una investigación "real" sobre la desaparición
de María Claudia García Iruretagoyena de Gelman durante la dictadura.

Su testimonio, que abrió un período de sesiones extraordinarias de la
Corte en Quito, fue una mezcla de dolor y de frustración sobre la
dejadez, la desidia y hasta los impedimentos interpuestos por sucesivos
Gobiernos uruguayos y su sistema judicial que impiden conocer el destino
de María Claudia.

Se sabe que fue secuestrada junto con su
marido, Marcelo, hijo del poeta, por agentes argentinos y enviada
clandestinamente en 1976 a Uruguay, donde dio a luz a Macarena.

Pero lo que aún se desconoce es quién ordenó el crimen, quién lo llevó
a cabo y dónde están sus restos. Los de Marcelo se encontraron dos
décadas después en un tambor con 200 litros de cal en un canal del Río
de la Plata.

Juan Gelman se quejó de que no ha recibido
"absolutamente ningún apoyo" de los Gobiernos democráticos de Uruguay en
la búsqueda de su nieta primero y luego del cadáver de su nuera.

Hay una causa abierta en ese país al respecto desde 2008, presentada por Macarena, pero según los Gelman no ha avanzado.

"Pareciera que en nuestras sociedades existiera una especie de
omertá, no sólo la militar, que niega la información, sino una omertá
mucho más amplia, una suerte de tejido civil, militar, judicial, por el
que se obstaculiza el camino de la verdad y por consiguiente el camino
de la justicia", se lamentó el poeta, en referencia a la ley del
silencio de la mafia siciliana.

Macarena Gelman dijo creer que
si el Estado uruguayo dedicara suficientes recursos humanos y
materiales al caso se encontrarían los restos de su madre.

"Los eventuales responsables viven hoy día y tienen esa información",
afirmó Macarena, quien fue entregada en una canasta a un comisario
uruguayo y su mujer para que la criaran, según dijo.

"Lo primero sería la voluntad política de hacerlo, más allá de las palabras", añadió.

Durante la audiencia, que tuvo lugar en un antiguo hospital
convertido en un centro de convenciones en Quito, Carlos Mata, en nombre
del Gobierno de Uruguay, apenas hizo dos preguntas a Macarena, para que
ella constatara que sus relaciones con las autoridades de ese país han
sido "buenas".

En Uruguay, la búsqueda de la verdad sobre
María Claudia Gelman se ha visto dificultada por la Ley de Caducidad,
que impide el encausamiento por violaciones de los derechos humanos
durante la dictadura.

La Ley fue refrendada por los ciudadanos
en un plebiscito el año pasado, pero el 1 de noviembre la Suprema Corte
uruguaya decretó la inconstitucionalidad de la ley que impidió juzgar
las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura
(1973-1985).

La Cámara de Diputados ha aprobado un proyecto de
ley que, según Juan Gelman, "interpreta" la legislación, aunque no la
deroga.

En la Cámara de Senadores varios de sus parlamentarios
se oponen, con lo que la iniciativa carece por ahora de los votos
necesarios para su aprobación.

"Yo espero que esta honorable
Corte consiga de alguna manera que el Gobierno uruguayo termine con la
Ley de Caducidad", dijo Juan Gelman durante la audiencia a los siete
magistrados.

Del mismo modo, su nieta pidió que en Uruguay "la justicia actúe libremente en estos casos, como en todos".

El caso de su madre llegó a la Corte a principios de este año por
recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH),
que determinó que "el Estado uruguayo no había dado cumplimiento cabal
satisfactorio a las conclusiones del informe" que realizó sobre el tema.

María Silvia Guillén, miembro de la Comisión, respaldó en la
audiencia las denuncias de los Gelman de que Uruguay no ha investigado
debidamente la desaparición y que la causa abierta en 2008 "no ha
arrojado resultado alguno".

Esta situación supone "la prolongación de estado de impunidad", según dijo Guillén.

Las audiencias sobre el caso continuarán hoy y mañana en Quito, y se
espera que la Corte emita un dictamen en febrero o marzo del próximo
año.