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EE.UU. considera el regreso de dos inmigrantes deportados

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El Gobierno estadounidense estudia el posible
regreso de dos inmigrantes, cuya deportación, según la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), violó la Declaración
Americana de Derechos Humanos, informó el Centro por la
Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).

Las declaraciones
de CEJIL tiene lugar tras una reunión entre miembros de ese ente con
funcionarios del Departamento de Estado de EE.UU.,
de la Oficina de Inmigración y Aduanas, del Departamento de Seguridad
Nacional y la representación de Estados Unidos ante la Organización de
Estados Americanos (OEA).

La CIDH concluyó en agosto de 2010
que las deportaciones del mexicano Hugo Armendáriz y de Wayne Smith, de
Trinidad y Tobago, violaron la Declaración Americana de Derechos Humanos
y pidió que el Gobierno de EE.UU. les permitiera regresar al país.

Francisco Quintana, subdirector de programas del CEJIL para
Norteamérica, consideró hoy la reunión constituye un paso "muy positivo"
ya que después de casi un año no habían tenido la oportunidad de hablar
con autoridades estadounidenses para ejecutar la decisión de la CIDH.

"Después de esta reunión se presentarán algunas acciones de
tribunales nacionales, que esperamos que estén avaladas por las agencias
de Estados Unidos". Lo más importante, dijo, "es que se ha abierto el
diálogo que no habíamos logrado tener".

Quintana subrayó que
tener una decisión de la CIDH a favor "sienta un precedente en el
derecho internacional de los derechos humanos. No sólo Estados Unidos
sino cualquier país podría fundamentar sus decisiones en este
precedente".

En ambos casos, dijo, prima el interés de los niños, que fueron separados de sus padres sin posibilidad de volver a verlos.

Las familias están esperanzadas de poder ver a su seres queridos,
aunque la situación del trinitense Wayne Smith es "precaria", según su
abogado Robert Paw. Su esposa tiene cáncer y tiene nietos que no conoce.

"Necesitamos cooperación para que (las autoridades) le permitan
volver, es una cuestión humanitaria", aseguró Paw que consideró estos
casos como ejemplo del fallido sistema migratorio de EE.UU.

El
abogado consideró que una reforma migratoria integral ayudaría a
resolver casos como estos, pero también acciones intermedias como
medidas humanitarias que permitan a las personas que no han cometido
delitos serios no ser alejados de sus familias.

Smith, traído por su familia a EE.UU.
cuando tenía 12 años, adquirió la residencia legal en 1974. En 1990 fue
acusado por posesión de cocaína y cumplió una sentencia de prisión de
tres años. En 1996 el Gobierno de EE.UU. inició los trámites de deportación, lo que ocurrió en 1998.

Armendáriz, por su parte, fue traído a EE.UU.
cuando tenía dos años y seis años más tarde obtuvo su residencia legal.
En 1995, Armendáriz fue condenado por posesión de cocaína y cumplía su
sentencia cuando el Gobierno de EE.UU. inició el trámite de deportación.

En ambos casos los abogados argumentaron ante las autoridades de
Inmigración que Smith y Armendáriz habían cumplido sus sentencias, se
habían convertido en miembros beneficiosos para la sociedad, tenían
familias dependientes y pocos o ningún vínculo con los países y las
sociedades donde nacieron, pero fueron deportados.

La CIDH mantendrá abierto el caso hasta que se cumplan los cuatro puntos que dictaminó: la entrada a EE.UU. de los inmigrantes, que se reabran sus casos, que un juez independiente haga un análisis y que EE.UU. realice cambios legislativos para que los derechos de los inmigrantes sean respetados, indicó Quintana.

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