Cuatro mujeres que describieron a sus esposos
como presos políticos en Venezuela denunciaron la caducidad de los
recursos judiciales en su país y el supuesto hostigamiento que sufren de
partidarios del Gobierno del presidente Hugo Chávez.

En una conferencia en el Club Nacional de la Prensa Tahianny Pisani
Romero, esposa del general de Ejército, Delfín Parra, dijo que el
oficial fue detenido y acusado de corrupción después que denunció
colisión de intereses de allegados de Chávez en la operación de un
ingenio azucarero.

"Somos un grupo de esposas, de mujeres sin otro recurso ante un sistema judicial secuestrado por el régimen", añadió Pisani.

"En Venezuela se parte de la presunción de culpabilidad", dijo por su
parte el abogado José Luis Tamayo, que acompañó a las denunciantes y
añadió que en su país actualmente "a las personas se las juzga en
prisión, y en especial si son presos políticos".

El grupo de
mujeres presentó ayer los casos de sus esposos ante la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y reclamó que esta institución
reconozca la existencia y el estatus de presos políticos en Venezuela.

Indira Ramírez, esposa del político opositor Alejandro Peña Esclusa,
encarcelado bajo cargos de posesión ilegal de armas, describió la
situación en que viven ella y sus hijos sometidos a las amenazas de
allegados al régimen y las acusaciones públicas que proclama el mismo
presidente Chávez.

Jackelin Sandoval, la esposa del oficial de
policía Rolando Guevara, acusado por el homicidio de un fiscal federal,
sostuvo que su marido y otros 26 ciudadanos "no deben estar presos
porque son todos inocentes".

"El Estado ha creado una
situación de impunidad en todos estos casos",según Sandoval, y en
Venezuela "no hay juez que se atreva a desafiar los deseos del Poder
Ejecutivo".

Yajaira Castro, la esposa del policía Lázaro
Forero condenado a 30 años de prisión por su supuesta responsabilidad en
la muerte de manifestantes en abril de 2002, señaló que su marido y los
otros hombres "han sido sometidos a juicios en los cuales no se tomó en
cuenta alguna de las pruebas exculpatorias ya que los jueces solo
consideraron pruebas ilegales y testimonios falsos".

Ayer, en
respuesta a las peticiones de estas cuatro mujeres, el representante del
Gobierno de Venezuela para Derechos Humanos, Germán Saltrón, dijo que
la CIDH "está desempolvando casos que ya se han tratado y, mientras se
suceden las violaciones de derechos humanos en América Latina, pierde el
tiempo con temas antiguos".