El Departamento de Estado expresó su
decepción de que Cuba no haya aprovechado la visita del expresidente de
EE.UU. Jimmy Carter para liberar al contratista estadounidense Alan
Gross, a quien La Habana condenó recientemente a 15 años de cárcel.

"Nos decepciona que no haya regresado con el señor Gross", afirmó el
portavoz en funciones del Departamento de Estado, Mark Toner, en su
rueda de prensa diaria, al ser preguntado por el viaje que hizo el
exmandatario estadounidense (1977-1981) a la isla.

"Consideramos que (el estadounidense) debería haber sido liberado hace
mucho tiempo", agregó Toner, quien también confirmó el encuentro que
mantuvo Carter hoy con el contratista, condenado el pasado 12 de marzo
por presuntos "actos contra la independencia o la integridad territorial
del Estado", al haber participado, según La Habana, en un proyecto
"subversivo" del Gobierno de EE.UU.

El contratista, detenido
en La Habana el 3 de diciembre de 2009 por distribuir tecnología a una
comunidad judía, trabajaba para la empresa Development Alternatives
(DAI), una subcontratista de la Agencia Estadounidense para el
Desarrollo Internacional (USAID) que se dedica a labores de desarrollo
en otros países.

El Gobierno de EE.UU. siempre ha mantenido
que es inocente y exigido a La Habana en numerosas ocasiones su
liberación inmediata, tanto de manera directa y pública como
indirectamente a través de personalidades como el exgobernador de Nuevo
México Bill Richardson (quien visitó la isla el año pasado) o ahora el
propio Carter.

El expresidente dijo el martes que no estaba en
Cuba para sacar a Alan Gross del país, aunque sí confirmó que ha podido
hablar sobre su situación con encargados del caso.

Hoy visitó
en La Habana al contratista y consideró en una rueda de prensa al
término de su visita de tres días a Cuba que Gross debía ser liberado y
reiteró la inocencia del estadounidense.

Confió en que Gross,
de 61 años, pueda ser liberado y que la Justicia cubana atienda la
apelación que éste planteará ante el Tribunal Supremo de la isla o que
en el futuro se emita una orden ejecutiva para indultarlo o liberarlo
por motivos humanitarios.