El Gobierno argentino dijo que "no ha
logrado la colaboración" de Uruguay para hallar a los responsables de
las supuestas irregularidades en un contrato de la holandesa Riovía para
obras en el canal Martín García, ubicado en el Río de La Plata y de
administración compartida, dijeron este lunes fuentes oficiales.

La
Cancillería argentina advirtió además en un comunicado sobre la
existencia de "una campaña mediática en Uruguay" centrada en "supuestos
intentos de sobornos" al embajador uruguayo Francisco Bustillo, miembro
de la Comisión Administradora del Río del Plata (CARP), para favorecer a
Riovía.

"Los días pasan, el escándalo crece y el silencio de
Bustillo es más que llamativo", sostuvo el Gobierno de Argentina, que
aseguró que fue Uruguay el que solicitó en diciembre de 2010 "analizar
la contratación directa de la empresa Riovía para el dragado y
profundización del canal", postura "que reiteró en una reunión de marzo
de 2011", indicó.

El litigio bilateral comenzó a escalar luego
de que se conociera un informe de auditoría del Tribunal de Cuentas de
Uruguay que analiza la actuación de la CARP, integrada por funcionarios
de ambos países, en torno al contrato de Riovía para el dragado del
canal.

La oposición uruguaya denunció en mayo que fue ofrecida
una coima de un millón de dólares a funcionarios de la CARP para apoyar
en el proceso de licitación a Riovía, que desde hace dos décadas draga
el canal.

Según la prensa local, la auditoría concluye que
Argentina demoró el proceso de licitación para favorecer la extensión
del contrato de concesión para obras de dragado con la firma holandesa.

Mientras, este lunes está prevista la apertura de sobres del concurso público para la profundización y dragado del canal.

La Cancillería también recordó que el diplomático uruguayo Julio
Baraibar declaró por radio que Bustillo le contó "con detalle que lo
habían querido sobornar, que se había negado a aceptar la oferta y que
había informado a sus superiores".

"Si bien días después
desmiente la veracidad de sus propias afirmaciones, los medios siguen
dándole crédito. (...) Estas versiones son recogidas por el informe del
Tribunal de Cuentas de Uruguay volviendo a instalarlas en los medios de
prensa", apuntó el comunicado.

"Si el Gobierno uruguayo desea,
realmente, investigar los actos que involucran al embajador Bustillo y
Riovía, podría empezar a preguntarse por qué a pocos días de finalizar
los pliegos para el llamado a la licitación internacional para la
profundización del canal aparecen centenares de artículos sobre un
supuesto intento de coima", señaló la Cancillería argentina.

"De haber ocurrido (ese soborno), lo fue dos años antes y ni el
embajador Bustillo ni el canciller uruguayo, Luis Almagro, jamás se
refirieron" al mismo, añadió la nota de la cartera liderada por Héctor
Timerman.

El Gobierno argentino comunicó el viernes pasado a
Uruguay que resolvió excluir a Riovía "de toda nueva participación" en
obras del canal, lo cual fue rechazado por Uruguay por considerar que
esa decisión puede generar acciones legales de la empresa.

La
administración de Cristina Fernández niega la existencia de
irregularidades en el contrato con Riovía y, a su juicio, el Tribunal de
Cuentas "contradice" en su trabajo lo expresado en junio pasado por
Almagro, quien afirmó ante el Senado uruguayo que "no hay nada para
denunciar ni que involucre actuación delictiva por parte de los
funcionarios argentinos".

Según el Gobierno argentino, en el
acuerdo de prórroga para el dragado y mantenimiento del canal Martín
García suscrito el 7 de febrero de 2012 se fijó el precio de 15.150.000
dólares anuales para Riovía.