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Activistas preocupados ante la 1070 de GA

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Organizaciones que defienden a los
inmigrantes expresaron su preocupación con el avance de la propuesta
HB87 en el Legislativo de Georgia, una medida que califican como una
"copia" de la ley SB1070 de Arizona.

La Cámara de
Representantes rechazó este martes la versión enmendada de la propuesta HB87
aprobada anoche por el Senado estatal, considerada como una "copia" de
la ley SB1070 de Arizona, y ahora pasará de nuevo al Senado.

El Senado tiene hasta el jueves, cuando termina la sesión legislativa de
este año, para aprobar la nueva versión o en caso de rechazarla podría
convocar a un comité bicameral para conciliar ambas versiones.

"Lo mejor que podría pasar es que desistan de aprobar esta propuesta o
que el tiempo no les alcance, pero nosotros vamos a seguir muy
pendientes de lo que pase en la Cámara de Representantes con la HB87 y
vamos a hacer llamadas al Gobernador en caso de que esta sea aprobada",
dijo Adelina Nicholls, directora ejecutiva de la Alianza Latina
Pro Derechos Humanos de Georgia (GLAHR).

La versión aprobada
ayer por el Senado eliminó la provisión que exigía a las empresas
privadas el uso del sistema federal E-Verify para verificar el estatus
migratorio de su empleados, considerado como uno de los pilares de la
propuesta de la Cámara Baja.

Los senadores optaron además por
limitar los poderes de la policía para indagar sobre el estatus
migratorio de una persona cuando es detenida por una infracción de
tránsito.

"Al eliminar la exigencia de la verificación
electrónica se quita la preocupación a los empresarios, sin embargo, aún
existe la preocupación profunda por la persecución y la criminalización
que va a sufrir la comunidad inmigrante solo por el hecho de una
persona de lucir sospechosa", agregó la activista.

La
industria agrícola, el principal motor económico del estado con
ganancias por cerca de 68.000 millones de dólares al año y que emplea
entre un 50 y 70 por ciento de jornaleros indocumentados fue una de las
principales opositoras de la implementación del E-Verify.

El
Senado también enmendó una cláusula de la HB87 que penalizaría a quienes
alberguen o transporten a indocumentados y la nueva versión de la
Cámara de Representantes lo sustituyó por una provisión que exime de
penalidades a quienes proveen "servicios sociales con fondos privados".

Esta semana varias organizaciones civiles y líderes religiosos
enviaron una carta a los legisladores advirtiéndoles sobre las
consecuencias que esta medida podría tener en la labor que llevan a cabo
con la comunidad inmigrante.

"Nos preocupa la penalización de
organizaciones sin fines de lucro o de cualquiera que ayude, transporte
o asista a la comunidad indocumentada. Así es que si no nos afecta por
un lado es por otro", aseveró la activista.

Por su parte,
Azadeh Shahshahani, directora del Proyecto de Derechos de Inmigrantes y
Seguridad Nacional de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) en
Georgia, también expresó su preocupación ante las consecuencias que la
aprobación de esta propuesta

"Estamos muy decepcionados y
preocupados con las implicaciones de las libertades civiles de esta
propuesta y si pasa va a convertir a Georgia en un territorio de
"muéstrame tus documentos" y va a fomentar la práctica del perfil racial
por parte de las autoridades", declaró a Efe Shahshahani. 

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