Activistas proinmigrantes de todo Estados
Unidos convergen este lunes en Birmingham (Alabama) para exigir la revocación
de la polémica ley HB56, como parte de un incipiente movimiento de
derechos civiles en contra de la discriminación de los indocumentados,
en su mayoría hispanos.

Organizaciones cívicas y religiosas,
que junto al Departamento de Justicia entablaron demandas contra la ley
que criminaliza a los "sin papeles" en Alabama, impulsan protestas en
diversas ciudades porque insisten en que la HB56 viola la Constitución.

En Birmingham, una delegación de once congresistas demócratas,
encabezada por el representante de Illinois, Luis Gutiérrez, celebrará
hoy una audiencia con funcionarios estatales, autoridades escolares,
padres, maestros, estudiantes y activistas, para examinar el impacto de
la ley, que entró en vigor el pasado 28 de septiembre.

La
delegación se centrará en la cláusula que permite que la policía exija
prueba del estatus legal a toda persona que detenga.

Un tribunal federal ha bloqueado dos de las cláusulas más polémicas de la ley mientras estudia su constitucionalidad.

Los legisladores y activistas también lanzarán la campaña "Una
familia, una Alabama" durante un mitin convocado por la Coalición por la
Justicia con los Inmigrantes de Alabama (ACIJ, en inglés).

El
mitin, al que "miles" de personas han sido invitadas según ACIJ, se
realizará en la Iglesia Bautista de la Calle 16 y contará con figuras
como el alcalde de Birmingham, William Bell; Dolores Huerta, cofundadora
del Sindicato de Trabajadores del Campo (UFW), y Angie Wright,
coordinadora del grupo Greater Birmingham Ministries (GBM), que aboga
por la justicia social.

Scott Douglas, director ejecutivo de
GBM, considera que la HB56 ayudará a reactivar el movimiento por los
derechos civiles, surgido hace medio siglo en respuesta a la segregación
de los negros.

Douglas, que apoya realizar actos de
desobediencia civil si fuese necesario, recordó cómo, en aquella época,
la iglesia afroamericana se involucró de lleno en el movimiento de los
derechos civiles.

Ahora, agregó, no hay distinción de raza ni
color en un incipiente movimiento en contra de la HB56, que castiga a
quienes contraten, alquilen viviendas o ayuden a los indocumentados.

El Consejo Nacional de La Raza (NCLR), la organización hispana más
antigua de EEUU, ha convocado una vigilia con líderes cívicos y
religiosos en Washington, frente a la Casa Blanca.

Según el NLCR, otras ciudades se solidarizarán con la comunidad inmigrante de Alabama, donde viven unos 200.000 hispanos.

"Como seguidor de Jesucristo, miembro fiel de la Iglesia Católica y
pastor de una congregación hispana en Washington, me sumo a la campaña
contra la HB56 en Alabama y apoyo los esfuerzos de los congresistas para
que se revoque esta ley", dijo a Efe el padre Moisés Villalta, de la
Iglesia Sagrado Corazón.

Villalta apuntó que la Iglesia
Católica apoya una reforma migratoria que saque de la sombra a los
indocumentados y que, según las enseñanzas bíblicas, es obligación de
todo cristiano ayudar al prójimo.

Un mes y medio después de
entrar en vigor, la HB56 también ha suscitado la repulsa de empresarios
que están perdiendo empleados y clientes en momentos en que muchos
gobiernos estatales afrontan crisis presupuestarias.

Se calcula que los indocumentados conforman alrededor del 3 % de la población de Alabama, de poco más de 4,7 millones.

Aunque los partidarios de la HB56 aseguran que es la única forma de
echar a los indocumentados de Estados Unidos, la ley también ha afectado
a residentes legales, que deben mostrar sus papeles cuando son
confundidos con inmigrantes ilegales.

La magistrada del
Condado Calhoun, Barbara Campbell, ha advertido de que la HB56 se está
aplicando "por igual" y que quien no porte una licencia de conducir
válida, con seguridad "irá a la cárcel".

Pero Wright subraya
que Alabama no tiene un problema de inmigración ilegal como los estados
fronterizos y que se trata de una "maniobra política completamente
fabricada".