La Unión de Libertades Civiles de EEUU (ACLU)
dijo que presentará una demanda para frenar una ley antiinmigrante
aprobada anoche por la legislatura estatal de Alabama y que, a su
juicio, es "más estricta" que la SB1070 de Arizona.

La ley fue
enviada al despacho del gobernador republicano Robert Bentley,
quien ha dicho que analizará la legislación durante el fin de semana.

En un comunicado emitido desde Montgomery (Alabama) el grupo defensor
de los derechos civiles explicó que la ley en cuestión "es aún más
estricta" que la SB1070 de Arizona, que sirvió de modelo a la
legislatura estatal.

A juicio de ACLU, las principales
cláusulas de la nueva ley del estado sureño de Alabama respalda "las
prácticas discriminatorias e inconstitucionales de la policía, los
dueños de edificios y empleadores", porque permite la discriminación de
los latinos por su aspecto físico o acento.

Cecillia Wang,
directora del Proyecto sobre Derechos de los Inmigrantes de ACLU, dijo
en el comunicado que la ley de Alabama viola la Constitución y va más
allá de lo que ha ocurrido en otros estados contra los inmigrantes
indocumentados.

La ley "regula todos los aspectos de la vida
de las personas en Alabama, desde cerrar los colegios a los niños hasta
impedir el derecho de alquiler de vivienda, ganar un sueldo, o ejercer
el derecho constitucional al voto", señaló Wang.

"Es un
indignante regreso a la era de antes de los derechos civiles, e instamos
al gobernador Bentley a que vete este erróneo proyecto de ley",
enfatizó Wang, quien advirtió que ACLU "defenderá los derechos y
libertades civiles de todos los residentes de Alabama" si el gobernador
no lo hace.

La SB1070, parte de la cual está frenada en los
tribunales, criminaliza la presencia de los inmigrantes indocumentados
en Arizona.

La ley de Alabama, sin embargo, incluye más restricciones contra los indocumentados.

Entre otros elementos, las escuelas públicas exigirán prueba de
residencia legal para la inscripción de estudiantes, y deberán entregar
informes a la Junta Estatal de Educación sobre el estatus migratorio de
los alumnos. También prohíbe la educación universitaria a estudiantes
indocumentados.

Al igual que la SB1070, con esta ley la
policía local de Alabama podrá exigir los "papeles" a quienes detenga
por infracciones de tráfico y otros delitos menores y sospeche que están
en el estado de forma ilegal.

En ese caso, los detenidos afrontarán cargos por el delito de no portar un permiso de residencia para extranjeros.

Además, la ley exige que los negocios utilicen el programa federal
"E-Verify" para verificar el estatus migratorio de sus empleados. Las
empresas podrían perder sus licencias si contratan a indocumentados.

También convierte en delito estatal el traslado o albergue de
inmigrantes indocumentados, algo que con seguridad afectará a personas
con familiares "sin papeles".

Además impide que las ciudades
de Alabama puedan aprobar leyes locales en contra de que la policía haga
cumplir las leyes federales de inmigración.

La ley fue
aprobada por un margen de 25-7 a altas horas de la noche del jueves por
el Senado estatal días después de que lo hiciera la Cámara de
Representantes estatal por amplia mayoría. Ambas cámaras de la
legislatura estatal quedaron bajo control de los republicanos en
noviembre de 2010, por primera vez en 136 años.