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Esfuerzo en redadas lanza red más extensa

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El informe encontró que casi tres cuartas partes de los 96.000 detenidos no tenían condenas criminales.

 

Las redadas en hogares a lo largo de Estados Unidos recibieron nombres capciosos, como Operación Devuelva al Remitente.

Catalogadas como cacerías cuidadosamente planeadas en busca de peligrosos fugitivos inmigrantes, captaron del Congreso mayores aumentos en recursos y personal que cualquier otro programa dirigido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, conocido como ICE, incluso al tiempo que las quejas iban en aumento en el sentido que los equipos de agentes armados estaban allanando hogares de manera indiscriminada.

Pero, de hecho, a partir del 2006, el programa ya no era lo que se estaba promoviendo. Oficiales federales de inmigración le habían dicho en repetidas ocasiones al Congreso estadounidense que, entre más de medio millón de inmigrantes con órdenes pendientes de deportación, ellos se concentrarían en las detenciones de los más amenazadores: criminales y presuntos terroristas.

En vez de haber sido así, muestran documentos que acaban de ser divulgados, la dependencia de inmigración cambió las reglas, y el programa persiguió con frecuencia cada vez mayor a objetivos más fáciles. Una amplia mayoría de los detenidos no tenía antecedentes penales, al tiempo que muchos tampoco tenían órdenes de deportación en su contra.

Órdenes internas por parte de oficiales de inmigración en 2006 incrementaron las cuotas de arrestos por cada equipo integrante del Programa Nacional de Operaciones en contra de Fugitivos, eliminaron un requisito en el sentido que 75 por ciento de los detenidos fueran criminales, permitiendo más adelante que los equipos incluyeran en su conteo a personas que no eran fugitivas.

Al año siguiente, el número de fugitivos con antecedentes penales descendió a nueve por ciento de los detenidos, en tanto que el número de detenidos por casualidad y que no eran fugitivos —sin una orden de deportación pendiente— aumentó a 40 por ciento. Muchos fueron enviados a centros para detenidos lejos de sus hogares, y deportados.

El impacto de las órdenes internas, obtenidas por un catedrático y estudiantes en la Facultad de Leyes Benjamin N. Cardozo a través de una demanda de Libertad de Información y compartida con el New York Times, muestra el poder del memorando administrativo para alterar considerablemente la política de aplicación de leyes de inmigración sin un solo cambio legislativo.

El memorando también contribuye a explicar el patrón de detenciones que fue documentado en un informe, criticando el programa de operaciones en contra de fugitivos, que fue dado a conocer este miércoles por el Instituto de Política de Inmigración, organización no-partidista dedicada a investigaciones, con sede en Washington.

Al analizar más de cinco años de datos sobre arrestos que suministró el instituto el año pasado a través de Julie Myers, quien en ese momento era la jefa de la Dependencia de Inmigración y Aduanas, el informe encontró que en general, al tiempo que el programa había gastado un total de 625 millones de dólares, casi tres cuartas partes de las 96.000 personas que había aprehendido no tenían condenas criminales.

Sin consultar al Congreso de EEUU, concluyó este informe, el programa pasó a detener “los blancos más fáciles, no a los fugitivos de mayor peligrosidad”.

Notaba, sin embargo, que las cifras más recientes que están disponibles indican un aumento en las detenciones de quienes tienen antecedentes penales en comparación con el año pasado.

El aumento en la atención popular llega al tiempo que la nueva secretaria de Seguridad Territorial, Janet Napolitano, ya ordenó una revisión de la operación de los equipos contra fugitivos, misma que fue creada en 2002 para encontrar y deportar a nacionales extranjeros que tuvieran órdenes pendientes de deportación, para después expandirse rápidamente en 2003, con la misión de concentrarse en los criminales de mayor peligrosidad.

Peter L. Markowitz, quien enseña derecho de inmigración en Cardozo y dirige su clínica de inmigración legal, dijo que el memorando obtenido en su demanda reflejaba el esfuerzo de la administración Bush por aparentar dureza con respecto a la aplicación de leyes de inmigración durante el infructuoso impulso por aprobar una extensa legislación de inmigración en 2006, así como en medio de la creciente ira a causa de la inmigración ilegal.

Kelly A. Nantel, una de las portavoces del ICE, defendió el programa y dijo que en los últimos 16 meses, de las 60.000 personas detenidas, más de cuatro de cada cinco habían sido criminales o no-ciudadanos fugitivos. De manera similar, destacó que el número de fugitivos con antecedentes penales que fueron arrestados en el año fiscal 2008 aumentó a 5.652, ó 16 por ciento de 34.000 detenciones, al tiempo que el número de personas que no eran fugitivas descendió a 8.062, ó 23 por ciento.

No obstante, Michael Wishnie, uno de los autores del informe antes mencionado, quien enseña leyes en la U. de Yale, dijo que detenciones al azar de trasgresores de bajo nivel, en redadas efectuadas en zonas residenciales, no sólo hicieron que surgiera una nueva serie de problemas legales y humanitarios, incluidos alegatos de allanamientos en hogares particulares sin órdenes judiciales o autorizaciones y separando a niños de sus guardianes.”.

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