El presidente del Comité Judicial de la Cámara de Representantes de EEUU, John Conyers, emitió hoy una citación judicial contra el ex asesor político de la Casa Blanca Karl Rove, para que dé testimonio sobre el despido de nueve fiscales en 2006.

Conyers espera que con esta citación judicial, a la que siempre se resistió la Casa Blanca, se logre el testimonio de Rove sobre el despido de los fiscales, lo que en su momento suscitó un escándalo sobre la presunta politización del Departamento de Justicia durante el Gobierno del ex presidente George W. Bush.

"He dicho en muchas ocasiones que llevaré esta investigación hasta sus últimas consecuencias, ya sea en el Congreso o en un tribunal, y la acción de hoy es un paso importante en esa dirección", dijo Conyers en un comunicado.

"El cambio ha llegado a Washington y espero que Karl Rove esté listo para esto. Después de dos años de obstáculos, es hora de que él empiece a hablar", argumentó Conyers.

La citación judicial obliga a Rove a presentarse ante el Congreso el próximo 2 de febrero para aclarar el despido de los fiscales -que según los demócratas tuvo motivaciones políticas- y también el procesamiento judicial contra el ex gobernador demócrata de Alabama Don Siegelman.

El ex gobernador Siegelman fue condenado por extorsión y sentenciado a más de siete años de cárcel, pero afirmó que su enjuiciamiento se debió a los esfuerzos de varios republicanos, incluyendo a Rove, el brazo derecho de Bush.

Siegelman salió de prisión antes de completar su sentencia debido a la intervención de un tribunal de apelaciones.

Rove, en particular, se negó a obedecer a una citación judicial emitida anteriormente por Conyers al insistir en que el Congreso no podía obligar a los ex asesores presidenciales a dar testimonio.

Ese argumento de inmunidad fue rechazado por el juez federal John Bates y, durante la campaña electoral, el ahora presidente Barack Obama apoyó la idea de los demócratas de que Rove estaba equivocado.

El ex presidente Bush siempre sostuvo que ni Rove ni sus otros asesores de alto rango tenían la obligación de dar testimonio ante el Congreso sobre sus acciones en la Casa Blanca.

De hecho, esa disputa legal entre el Congreso y la Casa Blanca sobre el asunto aún está pendiente en un tribunal federal de apelaciones.

El Departamento de Justicia investiga si el entonces fiscal general Alberto Gonzales u otros funcionarios del Gobierno de Bush deben afrontar un proceso judicial en relación con el despido de los nueve fiscales.

El sucesor de Gonzales, Michael Mukasey, ordenó la investigación después de que un informe interno determinara que, pese a que la Casa Blanca lo negó siempre, el despido de al menos cuatro de los fiscales tuvo que ver con motivaciones políticas.

Conyers no está completamente satisfecho con ese informe y quiere averiguar qué papel jugó Rove en el despido de los funcionarios.

Aunque en su momento Conyers también había exigido la comparecencia de la ex asesora legal de la Casa Blanca Harriet Miers, y al ex jefe de Gabinete Josh Bolten, en la citación judicial emitida hoy solo menciona a Rove.