El jefe de contrainteligencia de la
Dirección de Inteligencia de la Marina de Perú, capitán de navío
Rogelio Fernández del Castillo, será separado del cargo, a raíz del
escándalo de espionaje telefónico que involucra a oficiales a su
cargo, según adelantó el miércoles la prensa en Lima.

El ministro de Defensa, Antero Flores Aráoz, confirmó al diario
El Comercio, que Fernández del Castillo será removido dada la
gravedad de las imputaciones que recaen en contra de los oficiales
del mar Martín Fernández Virhuez y Jesús Ojeda Angles, detenidos por
intervenir en la interceptación telefónica del caso de los
"petroaudios".

Ambos oficiales en actividad han admitido que interceptaron las
comunicaciones del ex ministro Rómulo León Alegría y del funcionario
de la estatal Perúpetro Alberto Químper, cuando ambos coordinaban la
entrega de la licitación de cinco lotes petroleros para la empresa
noruega Discover Petroleum.

Junto a los militares en actividad fueron detenidos otros tres
marinos en situación de retiro, entre los que estaba el
contralmirante retirado Elías Ponce Feijoo, y una mujer, todos
trabajadores de la empresa de seguridad Business Track.

Sin embargo, como agentes de contrainteligencia naval, Fernández
Virhuez y Ojeda Angles tenían la misión de prevenir y detectar si
algún integrante de esa Dirección de Inteligencia traficaba con
información o realizaba actos de interceptación ilegal utilizando
equipos de la Marina de Guerra, agregó el matutino.

La policía confirmó que los dos agentes utilizaban los propios
equipos de la Marina para realizar los trabajos que les encomendaba
Business Track a cambio de dinero.

Las fuentes castrenses consultadas por El Comercio revelaron que
también podría dejar su cargo, salpicado por el escándalo, el máximo
jefe de inteligencia en la Marina, el contralmirante Pedro García
Llaque, que en una sesión reciente ante el Congreso negó que su
oficina tuviese algo que ver con la interceptación hecha a León
Alegría, un antiguo militante del partido de gobierno.

En la misma línea de sanciones acordadas por este caso, el
Ministerio de Defensa publicó el miércoles la resolución suprema por la cual
se deja sin efecto el ascenso otorgado a Ponce Feijoo, gerente de
Business Track, en el 2006.

En tal sentido, el marino regresó a la condición de capitán de
navío en retiro y perdió la pensión y beneficios que tenía a raíz
del ascenso.

Una nota de prensa de la Presidencia del Consejo de Ministros
explicó que la medida se tomó debido a que Ponce Feijoo se encuentra
detenido, acusado por el delito de presunta interceptación de
comunicaciones.

Ponce Feijoo fue un cercano asesor del actual vicepresidente de
la República, vicealmirante en retiro Luis Giampietri, cuando éste
ocupó la presidencia de la Comisión de Defensa del Congreso peruano
entre 2006 y 2007.