Unos 3.000 latinoamericanos contratados por
compañías privadas estadounidenses combaten en territorio de Irak
tras la invasión militar de este país árabe por una coalición
encabezada por Washington en 2003, advirtió el Grupo de Trabajo de
Naciones Unidas sobre el uso de mercenarios.

Cerca de 1.200 de ellos son peruanos y otros 500 colombianos,
precisó la experta Amada Benavides de Pérez, del equipo de relatores
de ese Grupo de Trabajo, en una entrevista que publicó el martes el diario
bogotano El Tiempo.

La experta, de nacionalidad colombiana observó que, en el caso de
los peruanos, las contrataciones fueron realizadas por diferentes
compañías con sede en Estados Unidos mediante filiales en Perú para
que combatieran en Bagdad y Basora.

Entre las firmas contratistas están Triple Conopy, Gun Supply
SAC, MVM Inc., Defion Internacional y 3D Global Solutions, señaló la
jurista Benavides, que habló con el diario en Ginebra.

Según cifras no oficiales, "unos 500" colombianos "trabajan para
los Estados Unidos en Irak", agregó la experta, que prepara con sus
colegas del Grupo de Trabajo los principios de una propuesta de
convención internacional de control en el empleo de mercenarios.

La diplomática advirtió, además, de que los países
latinoamericanos han entregado a empresas privadas más del 60 por
ciento de la seguridad ciudadana.

Al detallar el caso de su país, la experta señaló que en Colombia
están presentes "unas 25 empresas con aproximadamente 800
contratistas privados", todas ellas vinculadas con tareas del Plan
Colombia, el programa contra los grupos armados ilegales y el
narcotráfico puesto en marcha en 2001 y financiado por Estados
Unidos.

Estas empresas "no se regulan por la ley colombiana, no están
registradas en la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad, y
están por fuera del control del Estado colombiano", alertó
Benavides, quien indicó que los contratistas "poseen igual inmunidad
que los diplomáticos de la embajada norteamericana".

La relatora subrayó que estos contratistas tienen en Colombia
bases propias y su número exacto y su identidad se desconocen.

En este contexto, mencionó el caso de los tres estadounidenses
secuestrados por la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias
de Colombia (FARC) en febrero de 2003 y rescatados el pasado julio
en una operación militar encubierta junto con la franco-colombiana
Íngrid Betancourt y con 11 efectivos de la fuerza pública de este
país andino.

Además, dijo que su grupo tiene documentado que "algunos de estos
contratistas han perpetrado delitos y violaciones de los derechos
humanos que no han sido esclarecidos por el Gobierno colombiano,
como violencias sexuales contra niñas (y) tráfico de armas y de
drogas".

La relatora observó que en el país andino también están presentes
otras empresas privadas extranjeras que operan al margen del Plan
Colombia en actividades de protección a oleoductos o minas.

Entre estas firmas, mencionó a un "grupo de ex oficiales
israelíes contratados para ayudar en la inteligencia militar", dijo
la experta de la ONU.