Virginia Martínez, abogada legislativa del Fondo México-americano de Defensa Legal y Educación (MALDEF) en Chicago, tiene la tarea de vigilar las propuestas anti-inmigrantes en once estados del país.

Martínez, reconocida en la ciudad por haber ganado un caso legal en los años ochenta para reconfigurar los distritos electorales para las elecciones de concejales, ve con asombro como la ola anti-inmigrante ha llegado a los pueblos y municipalidades del medioeste.

En su oficina en el centro de la ciudad mantiene once grandes cuadernos negros con el nombre de cada estado que monitorea: Illinois, Michigan, Indiana, Iowa, Kansas, Minnesota, Missouri, South Dakota, Ohio, North Dakota y Wisconsin.

“Parte de mi trabajo es revisar propuestas de ley en cada uno de estos estados”, dijo, “y ver si hay propuestas que convienen a la comunidad latina o están en contra”.

Actualmente, hay cerca de 70 propuestas de ley anti-inmigrantes en estos once estados, según Martínez.

“El intento de algunas de esta propuestas es hacerle la vida tan difícil a los inmigrantes para que ellos simplemente abandonen el país”, afirmó.

La mayoría son propuestas en pueblos o municipalidades pero también las hay a nivel estatal.

La ley más severa actualmente en el país, aseguró la abogada, es una de Missouri, que entrará en vigor el 1 de enero 2009 y que eleva a delito que un indocumentado viva y trabaje en el estado.

También en este estado será un crimen transportar a una persona sin documentos.

Martínez se comunica con las organizaciones hispanas de estos estados y también en ocasiones los visita para entablar retos legales a ciertas propuestas de ley.

Muchas de las propuestas son similares, afirmó, y tienen como marco hacer del inglés el idioma oficial y no permitir a los indocumentados trabajar, rentar o conseguir licencias de conducir.

Otras propuestas intentan negar a los jóvenes hispanos la oportunidad de estudiar en las universidades y con otras leyes, como la 287 (g), los municipios locales piden al gobierno federal entrenar a la policía local para poder arrestar a personas sin documentos.

Una luz al final de este oscuro túnel, es que muchas propuestas no se pueden implementar por ser inconstitucionales.

Tal es el caso de la propuesta de ley de Hazelton (Pensilvania), que buscaba prevenir que se rentara viviendas a indocumentados.

La Suprema Corte declaró en 2007 que la ley es inconstitucional porque una municipalidad no puede asumir las tareas que la Constitución otorga solo al gobierno federal como es aplicar las leyes de inmigración.

Muchas de estas propuestas, dijo la abogada, se han desarrollado a raíz del miedo a los inmigrantes tras los ataques terroristas del 11 de septiembre.

“El sentimiento anti-inmigrante en el país nos afecta a todos”, afirmó Martínez. “No tienes que ser indocumentado y no tienes que ser inmigrante, si te ves como mexicano te van a ver como una amenaza”, afirmó.