El Grupo de Trabajo de la Universidad de Texas y Margo Tamez, una indígena Lipan Apache afectada por la construcción del muro en la frontera con México, denunciaron hoy "serias" violaciones a los derechos humanos por parte de EEUU.

En una audiencia celebrada en el marco del 133 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Grupo de Trabajo de la Universidad de Texas presentó a los comisionados un estudio sobre el impacto que tendrá el muro en el medioambiente, la economía y los derechos humanos de los afectados.

Entre otros aspectos, alegaron los peticionarios, el muro viola el derecho a la consulta, al acceso a la información, a la libertad de expresión y a la propiedad, y socava también los derechos de los pueblos indígenas de las áreas por las que pasará el muro.

Jeff Wilson, de la Universidad de Texas, afirmó que la construcción del muro afecta sobre todo a inmigrantes, latinos e indígenas con bajos niveles de educación e ingresos, y acusó al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de no haber tomado en cuenta esos datos demográficos en sus estudios de impacto del muro.

El Grupo de Trabajo acudió a la audiencia acompañado por Margo Tamez, dueña de un terreno en Texas, que representó a la comunidad indígena afectada por la construcción del muro, el cual, dijo, "va a impactar a familias pobres en la zona fronteriza e impedirá el acceso a sus propiedades al otro lado de la valla".

En declaraciones a Efe, relató que su familia y muchos indígenas de su tribu se ven afectados por la construcción del muro, y denunció la falta de transparencia y presiones por parte del Gobierno de EEUU para lograr su beneplácito a las expropiaciones.

En la audiencia, Tamez se quejó asimismo del proceso de consulta que inició el Gobierno sobre la construcción del muro, ya que no fue un diálogo abierto con las autoridades y se vieron obligados a escribir sus preguntas en un papel.

La presunta falta de transparencia por parte del Gobierno de EEUU también fue resaltada por el Grupo de Trabajo de la Universidad de Texas, cuyos representantes describieron a la CIDH las dificultades que tuvieron para obtener información esencial sobre la ubicación concreta del muro y su impacto en los terrenos de los indígenas.

El Grupo exigió en abril a EEUU, bajo la ley de Libertad de Información, respuestas a sus preguntas, pero sus esfuerzos fueron en vano hasta ahora, según dicen sus representantes.

Los peticionarios también alegaron que el Gobierno de EEUU discrimina a los propietarios que perderán sus propiedades, o parte de las mismas, para dar paso al muro, ya que otros terrenos del área, como campos de golf, quedarán intactos.

El Gobierno planeaba completar la construcción del muro para finales de diciembre, pero varios problemas, como el creciente coste de la valla, el complejo proceso de adquisición de terrenos y la resistencia política y social han trastocado sus previsiones.

El presidente, George W. Bush, promulgó en 2006 una ley, aprobada por el Congreso, que dio luz verde a la construcción del muro en varios tramos de la frontera común de unos 3.100 kilómetros.

El proyecto ha chocado con la oposición de ecologistas, activistas pro-inmigrantes, propietarios y varios gobiernos de la región, incluido el de México.

El Gobierno de EEUU, representado entre otras autoridades por el representante alterno de la misión estadounidense ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Lewis Amselem, defendió su acción, al asegurar que ha buscado la cooperación de los propietarios y líderes de las comunidades afectadas y se han realizado reuniones de consulta para recabar opiniones.

Amselem también defendió la construcción del muro en beneficio de la seguridad nacional, porque, dijo, "ningún país puede permitir que sus leyes y fronteras sean violadas", en clara referencia a la inmigración ilegal, el narcotráfico y el crimen organizado.

El Gobierno de EEUU se comprometió a transferir las denuncias y sugerencias de los peticionarios a la agencias federales responsables de la construcción del muro.