La petición en conexión con el caso judicial Del Río-Mocci contra
Connolly Properties, Inc (empresa que arrienda apartamentos en
Plainfield) fue presentada por varias organizaciones de defensa de los
derechos de los hispanos que se oponen a las iniciativas contra los
inmigrantes.

Las organizaciones representadas son el Fondo de Educación y Defensa
Legal México Americano (MALDEF), la Unión de Libertades Civiles (ACLU),
el Proyecto de Derechos del Inmigrante, ACLU de Nueva Jersey, Centro
por Justicia Social de la Escuela de Leyes de Seton Hall University, y
los abogados Fried, Frank, Harris, Shriver & Jacobson LLP.

"Hemos presentado esta moción porque es importante que la Corte sepa
qué otros casos legales de este tipo, tanto en California como
Pensilvania Texas, Misuri y Oklahoma, han sido declarados
inconstitucionales", dijo la abogada Kristina Campbell, portavoz de
MALDEF.

En esos casos, "los jueces han presentado mociones de amparo para
prohibir a ciudades y estados poner en práctica leyes que pueden ser
usadas para que no se alquilen casas a los inmigrantes", señaló
Campbell.

"La ley federal es muy específica de lo que se debe hacer o no en los
pueblos, y la Constitución no indica ninguna prohibición para alquilar
vivienda a los indocumentados", agregó.

La estrategia legal del Instituto para la Ley de Reforma Migratoria
(IRLI) es impedir que los propietarios de viviendas alquilen casas a
indocumentados y pretende que los caseros hagan el papel de agentes de
inmigración bajo la Ley contra Organizaciones Corruptas influidas por
la Mafia (RICO).

Esta ley fue aprobada en 1970 para combatir la mafia organizada, los delitos relacionados con la migración y el tráfico humano.

La demanda de IRLI sostiene que la empresa inmobiliaria tiene un alto
número de indocumentados en sus propiedades que podrían estar buscados
por las autoridades.

Flor González, directora ejecutiva de Latin American Coalition de
Plainfield, dijo que es importante luchar contra la demanda porque
tendría un efecto muy negativo contra la comunidad.

De ser aprobada, los caseros deberán pedir "los documentos legales a
los inquilinos y eso sería una violación a sus derechos
constitucionales", dijo González.

"Creemos que están tratando de hacer una persecución en un área donde
los latinos son mayoría en número y son los que mantienen la economía
de Plainfield, comprando en tiendas, bodegas y restaurantes", agregó.

IRLI, que trabaja con la Federation for American Immigration Reform
(FAIR), respalda una serie de ordenanzas municipales anti-inmigrantes
en todo el país, y sostiene que los propietarios que alquilen viviendas
a inmigrantes sin papeles violan los estatutos federales que imponen
cargos penales a quienes albergan indocumentados.

"Estamos preparados para responder la petición de los demandados y
estamos seguros de que saldremos bien", dijo a Efe Garrett Roe, abogado
del equipo de IRLI encargado del proceso judicial.

Los abogados del Fondo de Defensa Legal Puertorriqueño, que son los
encargados de defender los derechos de los inquilinos de Plainfield,
han solicitado que se permita su intervención en la Corte para explicar
el impacto de esa medida antiinmigrante.

"Las agencias de ayuda a los inmigrantes de Nueva Jersey están
profundamente disconformes con el plan para privar del techo a las
familias inmigrantes del área", dijo Bassina Farbenblum, abogada del
Centro por Justicia Social de Seton Hall.

"Esta demanda es otro intento de los grupos antiinmigrantes para acabar
con las leyes estatales y federales contra la discriminación y denegar
a inmigrantes, hombres, mujeres y niños el derecho básico de vivienda",
agregó.