El Fiscal General de EEUU, Michael
Mukasey, ordenó una investigación para aclarar si hubo
prevaricación en los despidos de nueve fiscales en 2006 y determinar
los cargos penales que podrían afrontar algunos funcionarios
republicanos por ello.

Mukasey tomó esta decisión después de recibir una recomendación
del Departamento de Justicia.

Ese departamento ha elaborado un informe con críticas a miembros
del partido republicano en el Congreso, así como a varios altos
funcionarios de la Administración del presidente George W. Bush,
porque considera que hubo motivaciones políticas en los despidos.

"Este informe es un paso importante para saber más acerca de lo
que pasó y tomar las acciones necesarias", dijo Mukasey.

"Espero que este informe sea un alivio para aquellos fiscales
cuya reputación quedó injustamente en entredicho y que no se
merecían el trato que recibieron", agregó.

Señaló que algunos de los aspectos a los que se hace referencia
en el documento necesitan una "investigación más en profundidad"
para determinar si hubo alguna irregularidad.

El informe destaca el despido del fiscal de Nuevo México, David
Iglesias, como el más "preocupante".

En las alegaciones que hicieron el senador republicano Pete
Domenici y la legisladora Heather Wilson para expulsar a Iglesias
incluyeron fraude electoral y casos de corrupción pública.

El inspector general del Departamento de Justicia, Glenn Fine, y
el director de la Oficina de Responsabilidad Profesional, Marshall
Jarrett, indican que es necesaria una investigación porque "estas
graves acusaciones involucran potenciales conductas delictivas que
no han sido plenamente investigadas o resueltas".

El Departamento de Justicia considera que la "principal
responsabilidad" recae sobre el ex Fiscal General Alberto Gonzales
por su falta de liderazgo y de compromiso con el caso.

Aunque apunta a que fue la jefa de personal del equipo
administrativo de Gonzales, Kyle Sampson, quien ideó el plan de los
despidos y añade que sus declaraciones sobre el caso al Congreso y a
la Casa Blanca "fueron engañosas".

En el caso también estarían implicados el ex asesor de la Casa
Blanca Karl Rove, la ex consejera de la Casa Blanca Harriet Miers y
la ex funcionaria del Departamento de Justicia Monica Goodling, que
ya fue investigada hace meses por prevaricación en un proceso de
contratación de fiscales y jueces de inmigración.

Mukasey nombró a la fiscal federal de Connecticut Nora Dannehy
para que dirija la investigación.