Grupos hispanos de EEUU pidieron que, tras el fracaso del plan de rescate financiero en la Cámara de Representantes, los legisladores regresen a las negociaciones e incorporen ayudas para las familias afectadas por ejecuciones hipotecarias.

Tras un agitado debate de más de tres horas, la Cámara Baja rechazó, con 205 votos a favor y 228 en contra, el plan de rescate de 700.000 millones de dólares, fraguado entre el Ejecutivo y líderes de ambas cámaras del Congreso durante el fin de semana.

El plan, elogiado por la jerarquía de ambos partidos, al final no consiguió los 218 votos mínimos necesarios para su aprobación, ya que el 67 por ciento de los republicanos y el 40 por ciento de los demócratas lo rechazaron, y ambos se culparon mutuamente por su fracaso.

Sin embargo, se comprometieron a reunirse al mediodía de este jueves para intentar insuflar nueva vida al plan de rescate.

Líderes de organizaciones hispanas indicaron que el Congreso debe actuar de inmediato para poner coto a la crisis financiera, generada por el colapso de varias empresas hipotecarias y que ha golpeado a muchas familias latinas en Estados Unidos.

Como mínimo, piden una moratoria a las ejecuciones hipotecarias mientras se pone en marcha el rescate de Wall Street; protecciones a los contribuyentes y la regulación vigorosa del sector; posibilidad de modificaciones a los préstamos hipotecarios, y ajustes a la ley de bancarrotas para las familias con riesgo de perder sus casas.

"Siempre dijimos que la iniciativa debía incluir elementos como una reforma del sistema de bancarrotas que beneficie a la clase media, no solo a los ricos con dos o más propiedades, y la posibilidad de que la gente pueda renegociar sus préstamos hipotecarios", dijo Brent Wilkes, director ejecutivo de la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC).

Para Wilkes, no es posible ni permisible que la gente de escasos recursos quede sujeta a la codicia de empresas que defraudan a los consumidores mediante tasas de interés exorbitantes.

"Muchos legisladores ahora tratan de lavarse las manos cuando crearon las políticas que generaron este lío. Son doblemente irresponsables, primero por abogar en contra de la regulación del sector -lo que generó esta crisis- y ahora por negarse a ayudar a los más afectados por la crisis", se quejó Wilkes.

Según la Asociación Nacional de Profesionales de Bienes Raíces, centenares de miles de hogares latinos en todo el país han perdido o están en peligro de perder sus casas, a un costo de hasta 24.800 millones de dólares.

Sam Jammal, abogado y experto en asuntos legislativos del Fondo México-Americano para la Defensa Legal y la Educación (MALDEF), dijo que "estamos tratando de coordinarnos con otros grupos latinos para unir ideas en torno a cómo ayudar a las familias hispanas en esta crisis".

"Queremos una respuesta sistemática que no solo resuelva los problemas de Wall Street sino que también responda a las necesidades de los propietarios de casa hispanos para que no pierdan sus casas", resumió Jammal.

Jacqueline Pacheco, portavoz del Consejo Nacional de La Raza (NCLR), también abogó por "una respuesta sistemática" que permita modificaciones permanentes a los préstamos hipotecarios ahora en crisis.

Para muchos esas modificaciones "son su única esperanza para no perder sus casas. Esta opción debe estar disponible como requisito previo a cualquier ejecución hipotecaria", explicó Pacheco, al asegurar que "solo así se frenará el desangramiento del sector hipotecario".

En los últimos días, Bush había advertido de que el rechazo del plan podría producir un descalabro en el resto de la economía estadounidense y en la global.

Pero, a cinco semanas de los comicios generales del próximo 4 de noviembre, muchos legisladores se juegan la reelección y pocos quisieron arriesgar un voto a favor, más aún cuando nadie sabe a ciencia cierta si el plan surtiría efecto.