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Según un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que ha analizado el impacto de la crisis en 19 países, las familias de bajos ingresos pueden descender a la extrema pobreza si los altos precios de productos agrícolas como el trigo, el arroz y la soja permanecen tan altos, y los países no logran aumentar su producción.

La extrema pobreza está definida como la supervivencia con menos de un dólar al día.

El BID advirtió además a los países de América Latina y el Caribe que deben fortalecer sus programas sociales para aliviar el impacto de estos altos precios entre los 71 millones de pobres que hay en la región.

De no hacerlo la situación podría recrudecerse en países como Chile, donde la pobreza podría aumentar del 12,3 por ciento del total de la población al 17,2 por ciento, o en México, donde podría aumentar un tercio y pasar del 20,6 al 27,5 por ciento.

Según el BID, las familias pobres gastan la mayor parte de sus ingresos en alimentos y no tienen el ahorro suficiente como para enfrentar el costo creciente de los artículos de primera necesidad. Por ello advierte de que si no están disponibles otras opciones, el incremento de los precios puede obligar a las familias a reducir la ingestión de alimentos.

El precio mundial de los alimentos en la región creció un promedio del 68 por ciento entre enero de 2006 y marzo de este año. El alza ha sido especialmente aguda en algunos productos básicos como el maíz y el trigo, cuyos precios se duplicaron, recuerda el BID.

Para enfrentar la crisis, los Gobiernos están tomando medidas que incluyen el control de precios, subsidios, restricciones a las exportaciones y distribución de alimentos.

La mejor política, según el BID, sería aumentar la transferencia de dinero en efectivo a los pobres para permitirles ajustar su dieta a los precios relativos y no limitar el ingreso de aquellos que proveen alimentos a los más necesitados.

Según los cálculos de la inst-itución, para cumplir este objetivo el país que mayor esfuerzo tendría que hacer sería Haití, que necesitaría transferir a los pobres el 12 por ciento de su Producto Interior Bruto (PIB) para que puedan mantener los mismos niveles de consumo anteriores a la crisis.

Perú necesitaría transferir el 4,4 por ciento de su PIB y Nicaragua el 3,7 por ciento. El resto de países tendrían que destinar una cantidad cercana al dos por ciento del PIB.

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