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Detenidos en Guantánamo podrán acudir a tribunales de EEUU

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Los magistrados dictaminaron que los aproximadamente 270 extranjeros detenidos en Guantánamo sí tienen derechos protegidos por la Constitución de Estados Unidos, pese a que esa base está en territorio cubano.

El Tribunal Supremo emitió su dictamen por un margen mínimo, cinco contra cuatro, ante la oposición de los miembros más conservadores de la corte.

Desde Roma, el presidente de EEUU, George W. Bush, afirmó que respetará la decisión del Tribunal Supremo que sostiene que los presos en Guantánamo tienen derechos constitucionales en EEUU, aunque no está de acuerdo con ella.

El magistrado Anthony Kennedy escribió el fallo en nombre de la mayoría y en ella declaró que "las leyes y la Constitución están hechas para sobrevivir y seguir vigentes en momentos extraordinarios. La libertad y la seguridad pueden ir unidas". En cambio, Antonin Scalia, quizá el juez más conservador, advirtió de que "la nación lamentará lo que ha hecho el Tribunal hoy" y que el dictamen dificultará la lucha contra el terrorismo. "Casi ciertamente causará más muertes de estadounidenses", afirmó Scalia.

El parecer del Tribunal permitirá a los detenidos escapar el sistema de justicia alternativo establecido por el Gobierno en Guantánamo y acudir a los tribunales federales, donde un juez evaluará las razones para su encarcelamiento.

Esa posibilidad también estará abierta para los sospechosos de los atentados del 11 de septiembre de 2001, que comparecieron la semana pasada por primera vez ante uno de los tribunales especiales anti-terroristas creados en Guantánamo.

Desde que 20 detenidos llegaron en enero de 2002 por primera vez a las jaulas de metal que inicialmente se usaron para alojarlos en Guantánamo, el Tribunal Supremo se ha constituido en el principal freno a la pretensión del Gobierno de encerrar a sospechosos de terrorismo de forma indefinida y sin dar explicaciones.

Un dictamen anterior había obligado a la administración a establecer unas juntas militares de revisión de la situación de cada detenido, para determinar si merecen continuar encarcelados. Anteriormente los presos no tenían ese derecho.

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