Uno de los artículos principales que apareció en primera plana el
pasado sábado en el New York Times leía: "300 inmigrantes ilegales en
planta de Iowa fueron encarcelados". El mismo artículo apareció el
domingo en el Philadelphia Inquirer, pero estaba algo escondido hasta
la página 4 (nosotros, los ciudadanos de Filadelfia estábamos más
preocupados con la política local, con Atlantic City y la costa, en
general). Al Día, por supuesto, estuvo al frente respecto a la
comunicación de esta noticia, ya que el artículo de Al Día apareció en
su publicación del día viernes, un día antes que en la ciudad de Nueva
York y dos días antes que en Filadelfia.

¿Por qué es tan
importante esta noticia, un artículo con suficiente peso para estar en
la primera plana de uno de los diarios más grandes y prestigiosos de
nuestra nación? Porque el mismo señala una tendencia nueva y amenazante
en cuanto a la aplicación de la ley por parte de la ICE, aún en una
comunidad tan pequeña como la de Waterloo, Iowa: sanciones penales en
contra aquellos que hacen uso de documentos falsos para poder trabajar
en el país.

El artículo informa que de los 389 trabajadores
detenidos, "cerca de 300 inmigrantes ilegales fueron condenados, la
semana pasada, a cinco meses de prisión por trabajar en una planta
procesadora y empacadora de carne, usando documentos falsos." La
mayoría de los detenidos eran guatemaltecos. Además, el artículo indica
que: "Las acciones judiciales… señalan un fuerte aumento en las medidas
represivas del gobierno de Bush contra los trabajadores ilegales,
mediante la presentación de acusaciones penales severas por parte de
los fiscales en contra de la mayoría de los inmigrantes arrestados en
la redada del 12 de mayo. Anteriormente, los trabajadores no
autorizados generalmente han sido detenidos por los oficiales de
inmigración por violaciones civiles y han sido deportados rápidamente."

De
los 389 trabajadores condenados, 297 se declararon culpables y fueron
sentenciados en cuatro días, algo bastante inusual en una acción penal.
El gobierno actuó en forma categórica: amenazaron que si los detenidos
se rehusaban a declararse culpables de la acusación de menor grado
ofrecida en la confesión compensada, serían juzgados sobre las
acusaciones de delito grave correspondientes al robo de identidad cuya
sentencia de prisión responde a un mínimo de dos años obligatorios de
cárcel. Con la pistola proverbial en sus cabezas, es obvio que los
detenidos eligieron lo mejor entre lo peor: la culpabilidad de una
acusación menor, pero una que resultó en la deportación inmediata y el
cierre definitivo de la puerta a los EE.UU. para ellos.

¿Quién
era el blanco de esta redada y qué podemos aprender de ella? El blanco
era la planta procesadora y empacadora de carnes especializada en
kosher (carne autorizada por la ley judía) que sirve a alrededor del
60% de la población estadounidense que sigue las normas alimenticias
judías al pie de la letra. En Pensilvania estamos familiarizados con
las redadas en las plantas de procesamiento y empaque de carne. De
hecho, muchos recordarán la redada muy bien organizada, que tuvo lugar
antes del 11 de septiembre, en la planta de procesamiento y empaque de
carne Robson's, ubicada en el área de Scranton. Entre 1992 y 1994 (o
por esos años) la INS hizo algo inaudito: Llevó un avión a Scranton, lo
estacionó frente a la planta Robson's, realizó una redada en la planta
y trasladó a más de 100 trabajadores directamente de la planta al avión
estacionado en espera. Los parientes gritaron y lloraron fuera de la
planta pero pocos se salvaron: la mayoría fue devuelta a México,
excepto por un puñado provenientes de El Salvador y Guatemala que
presentaban mayores dificultades de deportación y cuyos cónyuges eran
ciudadanos estadounidenses del área de Scranton. Casi al día siguiente,
la mayoría de los trabajadores volvió a aparecer en la planta, portando
documentos con nombres diferentes a aquellos con los que fueron
deportados. El propietario de la empresa los "volvió a contratar" y la
INS atacó con toda su fuerza, presentando acusaciones penales contra la
empresa sobre la base de su conocimiento respecto a la contratación de
inmigrantes indocumentados.

Avancemos rápidamente al 2008 e
ingresa la ICE, con el mandato pleno para deportar, y la tecnología
para hacerlo con bastante facilidad. Bueno, pero la ICE apenas tiene 8
oficiales en Iowa. No hay problema, porque nuestros oficiales de
Filadelfia y otros de diversas partes del país volaron a Iowa a ayudar
en esta cuidadosamente organizada operación.

¿Por qué esta
planta en particular? Nadie ha dicho nada pero sobre la base del
historial de la empresa, la redada no fue sorprendente. Desde el 2004
la empresa ha enfrentado "repetidas sanciones por violaciones
ambientales y a la seguridad de los trabajadores". En el 2006, el mayor
periódico judío, el "Jewish Daily Forward", puso a esta empresa en
evidencia en su publicación. Como resultado de ello, los líderes judíos
conservadores también empezaron a formular preguntas. Podemos entonces
asumir, con bastante seguridad, que toda esta publicidad negativa en
los medios aumentó el interés de la ICE en la empresa. Si a eso se
agrega el hecho que esta era una planta con una gran cantidad de
empleados, en una industria que, como la recientemente redada planta
Pilgrim's Pride, tenía antecedentes de contratar a trabajadores
hispanos, la decisión era bastante "obvia". Lo mismo no aplicó, sin
embargo, a la operación, la cual se planeó y llevó a cabo
cuidadosamente.

¿Cuáles son entonces las lecciones que nos
deja esta redada? La primera: La ICE se centra en ciertas industrias.
La segunda: los empleadores que no cumplen con un aspecto de la ley
también se convierten en blancos. La tercera: Entre más grande la
operación, mayor la publicidad y, por ende, más digna de consideración
para que la ICE planifique y lleve a cabo la redada. Después de todo,
como el Comisionado de la ICE ha dicho una y otra vez, la ICE está
"comprometida con hacer cumplir las leyes de inmigración de la nación
en el lugar de trabajo para conservar la integridad del sistema de
inmigración".

Este mandato y el enfoque en el cumplimiento de
la ley seguramente será un enorme consuelo para aquellos que dependen
exclusivamente del kosher para su alimentación. Quizá ahora abrirán sus
bocas para quejarse ante sus legisladores locales respecto a que la
reforma de inmigración no significa redadas sino un programa de
permisos de trabajo y/o una legislación para aquellos escondidos entre
las sombras en cuyo trabajo dependemos diariamente para satisfacer las
necesidades de la vida: la comida sobre la mesa.