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Activistas y líderes religiosos en Nuevo México se mostraron este jueves satisfechos con el acuerdo entre el estado y la corte que termina con un programa estatal que buscaba verificar el lugar de residencia de indocumentados que tienen licencias de conducir en ese estado.

"Sabíamos que era inconstitucional e ilegal discriminar en contra de una categoría de personas", dijo Marcela Díaz, directora del grupo Somos Un Pueblo Unido, con base en Santa Fe (Nuevo México).

El estado anunció este programa el año pasado por medio de 100.000 cartas enviadas a extranjeros con licencias de conducir a los que se les pidió que demostrasen que continuaban viviendo en el estado.

Tras una demanda interpuesta por diferentes organizaciones civiles, la corte decidió ayer cancelar permanentemente este programa, evitando que cualquier indocumentado que no haya podido demostrar su lugar de residencia cuando el programa estaba en vigor pierda su licencia de conducir.

Tras esta decisión judicial, solo se cancelarán las licencias de conducir de aquellas personas que el estado haya demostrado que cometieron fraude a la hora de tramitarlas.

"Nadie de nosotros apoya el fraude en el proceso de obtener una licencia de conducir, pero existen otros recursos legales para evitar y prevenir el fraude", dijo David Urias, abogado que representó a los demandantes.

Por su parte, Allen Sánchez, directora de la Conferencia de Obispos Católicos de Nuevo México, consideró que el Departamento de Motores y Vehículos (MVD) de este estado ya tiene varias herramientas que puede utilizar para luchar contra el fraude sin necesidad de discriminar a los inmigrantes.

Tras este revés judicial, representantes de la gobernadora de Nuevo México, Susana Martínez, dijeron a medios locales que buscarán nuevamente eliminar la ley estatal que otorga licencias de conducir a indocumentados durante la próxima sección legislativa.

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