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La gobernadora de Arizona, Jan Brewer, firmó este miércoles una orden ejecutiva para evitar que jóvenes indocumentados que apliquen al programa de acción diferida puedan obtener licencias de conducir o identificaciones oficiales del estado.

El anuncio de Brewer se realizó el mismo día que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) comenzó a aceptar solicitudes de miles de jóvenes indocumentados que llegaron antes de cumplir los 16 años a este país.

Brewer indicó que, aunque bajo este programa los jóvenes indocumentados también conocidos como "soñadores" serán elegibles para obtener un permiso de trabajo esto no les otorga un estatus de "residencia legal" dentro de EE.UU.

Este estatus es un requisito que bajo la ley estatal de Arizona deben de cumplir todos los solicitantes de una licencia de conducir o una identificación oficial del estado.

La mandataria republicana indicó además que los "soñadores" tampoco serán elegibles para obtener ningún tipo de beneficio público.

En la orden ejecutiva, Brewer indicó que cualquier agencia estatal que proporcione beneficios públicos debe de hacer los cambios necesarios para prevenir que aquellos que obtengan la acción diferida reciban este tipo de ayuda.

La gobernadora dijo que la posibilidad de que aproximadamente 80.000 personas en Arizona puedan ser elegibles para la acción diferida "significa un fuerte impacto al presupuesto de Arizona, su sistema de salud y beneficios públicos adicionales que reciben fondos de los contribuyentes".

La decisión de la gobernadora ha generado rechazo y dudas legales sobre el poder del estado sobre una orden ejecutiva presidencial.

"Creemos que la gobernadora está equivocada con respecto a las licencias de conducir, éste es un ejemplo del porqué los estados no deben de involucrarse en las leyes de inmigración porque no tienen un entendimiento de la complejidad de este tipo de leyes", dijo Alessandra Soler, directora ejecutiva de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), en Arizona.

La activista considera que para obtener una licencia en Arizona los solicitantes deben de comprobar una "presencia legal" y si las personas tienen un permiso de trabajo otorgado por el Gobierno federal, deberían también obtener una licencia de conducir temporal mientras dura este permiso, que en el caso de los soñadores, es de dos años.

"Vemos que la gobernadora no tienen ningún entendimiento sobre las leyes federales de inmigración y estatales, creemos que en la orden que firmó esta también perpetuando mitos de que los estudiantes presentarán documentos fraudulentos y no tiene nada que ver", dijo Soler.

ACLU analiza la forma de ayudar a las personas que tengan el derecho de tener una licencia de conducir.

"Primero queremos ver las implicaciones de esta orden ejecutiva, cuáles serán las medidas que tomará el Departamento de Motores y Vehículos y analizaremos las opciones", dijo Soler.

La noticia de que el estado de Arizona negará las licencias de conducir a los "soñadores" cayó como un balde de agua fría a los cientos de jóvenes que se preparan para reunir todos los documentos y comprobantes que los hacen elegibles para la acción diferida.

"No puedo creer que la gobernadora vaya en contra de los mismos residentes de Arizona, ya ha habido varios encuestas donde se indica que el 70 por ciento apoya el Acta Sueño, esta es una oportunidad más para nosotros despertar", dijo Dulce Matuz, directora de la Coalición de Arizona por el Acta Sueño (ADAC por sus siglas en ingles).

Los "soñadores" se congregaron este miércoles y jueves frente del capitolio del estado de Arizona para protestar por la decisión de Brewer.

"Debemos luchar y seguir protegiendo el sueño", dijo Matuz, quien el pasado mes de abril fue nombrada por la revista Time como una de las 100 personas más influyentes en el mundo.

Indicó que los jóvenes indocumentados no entienden por qué la gobernadora republicana sigue atacando a la juventud inmigrante.

"Cuando eres un inmigrante indocumentado no eres elegible para obtener ningún tipo de beneficio público, ésta es una estrategia de la gobernadora para quitarle la cara al movimiento, porque nos quieren categorizar como personas que solamente están obteniendo beneficios públicos, cuando esto es una gran mentira", finalizó la joven activista.

 
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