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La justicia estadounidense solicitó a la DINA, la policía secreta de la dictadura de Augusto Pinochet, que investigara a tres agentes anticastristas, uno de ellos autor material del asesinato en Washington del excanciller chileno Orlando Letelier, en 1976.

Así lo confirman varios archivos públicos de la Cancillería chilena en los que se recoge la correspondencia entre la fiscalía norteamericana, el FBI y altos cargos de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) durante el año 1977.

En concreto, Estados Unidos solicitó información sobre Guillermo Novo Sampoll, Orlando Bosch y Alvin Ross-Díaz.

En respuesta, la Dirección Nacional de Inteligencia (DINA), la policía secreta del régimen, remitió a ese país otro documento con datos sobre los dos primeros y sobre otros dos disidentes cubanos, José Dionisio Suárez y Rolando Otero.

Se da la circunstancia de que Novo Sampoll había sido contratado por la DINA, junto a los también disidentes cubanos José Dionisio Suárez y Virgilio Paz, para atentar contra el excanciller Orlando Letelier y su secretaria Ronni Moffit, asesinados ambos el 21 de septiembre de 1976 en la capital estadounidense.

De hecho, los tres anticastristas fueron sentenciados a penas de doce años de prisión por la justicia estadounidense, al ser considerados autores materiales de la muerte de Letelier y su asistenta.

La solicitud de Estados Unidos se enmarca en la investigación judicial sobre el caso Letelier y consta en una carta fechada el 14 de abril de 1977.

En ella, a petición de ese país, el entonces ministro de Relaciones Exteriores, Patricio Carvajal, pide al jefe de la DINA, Manuel Contreras, que indague la fecha de entrada y de salida de Chile de Novo Sampoll, Orlando Bosch y Alvin Ross-Díaz.

"Adjunto remito a US. el telex 339 en que el embajador Cauas transmite la solicitud del fiscal federal Eugene Propper quien solicita cualquier documento que se pueda obtener respecto a la entrada o salida de Chile de Guillermo Novo, Orlando Bosch y Alvin Ross Díaz", indica Carvajal en la misiva.

Asimismo, el canciller pidió al jefe de la DINA que proporcionara esa información lo antes posible, ya que, según la carta, el régimen se había comprometido a ofrecer "la máxima cooperación" al fiscal que investigó la muerte de Letelier.

Por su parte, la DINA envió a la Cancillería los informes sobre cuatro disidentes cubanos el 5 de agosto del mismo año.

En ellos se adjunta información sobre la estancia en Chile entre 1974 y 1975 de Orlando Bosch y Novo Sampoll, pero no de Alvin Ross-Díaz.

Además, se aportan datos sobre otros dos cubanos, José Dionisio Suárez, quien participó en el atentado contra Letelier, y Rolando Otero Hernández, miembro del Movimiento Nacionalista Cubano.

El documento indica que Orlando Bosch entró a Chile el 3 de diciembre de 1974 con el nombre de Pedro Antonio Peña, con nacionalidad dominicana, y abandonó el país en agosto de 1975, pero regresó en diciembre de ese año, en esa ocasión con pasaporte chileno y un nombre falso.

Bosch, que falleció en 2011 en Miami, fue uno de los condenados en Venezuela por atentar en 1976 contra un avión cubano en el que fallecieron 73 personas.

Según el informe, Novo Sampoll ingresó a Chile el 3 de diciembre de 1974 junto a Orlando Bosch y lo hizo con su nombre verdadero, pero con nacionalidad estadounidense.

Un día después entró al país José Dionisio Suárez, con pasaporte venezolano, que abandonó Chile junto a Novo Sampoll dos semanas después, el 19 de diciembre.

Tanto de Novo Sampoll como de José Dionisio Suárez, la DINA aseguró que no existían "antecedentes negativos" sobre su estancia en Chile.

La DINA también proporcionó información sobre un cuarto ciudadano cubano, Rolando Otero Hernández, quien participó en atentados terroristas en Estados Unidos.

De él se dice que pertenece "al grupo cubano de los "Halcones Dorados" que actúan en contra de Israel y a favor de los palestinos, al igual que varias organizaciones castristas, por lo que su línea política es dudosa".

En un tercer documento, el entonces director del FBI, Clarence M. Kelley, agradece al jefe de la DINA "sus esfuerzos por facilitar el arresto de Rolando Otero Hernández", a quien califica como "fugitivo de la justicia americana".

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