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Tres estudiantes indocumentados fueron arrestados por desobediencia civil en una protesta. En parte, para motivar a otros como ellos a salir de las sombras.

Erika Nuñez estuvo entre los estudiantes que bloquearon la calle que conduce a la correccional del Condado Montgomery en Norristown (PA). Foto: Archivo particular
 

Tres estudiantes indocumentados de Pensilvania, que fueron arrestados por desobediencia civil el pasado 28 de junio durante una protesta en Norristown fueron liberados un par de días después, luego de que miembros de la comunidad se unieran en una vigilia y para recaudar fondos para pagar su fianza.

Se trata de Sheila Quintana, de 19 años de edad, Erika Nuñez, de 21 y José Luna, de 23, miembros de DreamActivists PA, quienes protestaron al exterior de la correccional del Condado Montgomery en Norristown por admitir a detenidos de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) en sus instalaciones.

La correccional tiene un contrato con ICE que le permite obtener ganancias utilizando 60 camas para indocumentados detenidos antes de que estos pasen a custodia de la agencia de inmigración. 

DreamActivists PA denunció que los esfuerzos de inmigración alrededor de la correccional aumentaron luego de la aplicación de dicho contrato desde el pasado 8 de junio, disparando así el miedo entre la comunidad indocumentada de Norristown.

"No permitiremos que la correccional del Condado Montgomery obtenga ganancias a través de la comunidad indocumentada", dijo César Marroquín, de DreamActivist PA. "Nuestra comunidad en Norristown está viviendo con temor entre retenes y redadas".

Luego de haber bloqueado la calle que conduce a la correccional por un lapso de una hora y media, Quintana, Nuñez y Luna fueron arrestados alrededor de las 2:00 p.m.

Miembros de la comunidad, por su parte, mostraron su apoyo a los jóvenes y llevaron a cabo una vigilia al exterior de la correccional cada día al atardecer, alrededor de las 7:00 p.m., hasta que los jóvenes fueron liberados.

Quintana y Nuñez, quienes se encontraban detenidas juntas en una celda para mujeres, peticionaron enfocar los esfuerzos en la liberación de Luna, quien se encontraba detenido en una celda para hombres.

"Hemos sido tratadas con respeto. No estamos en peligro inmediato, pero juntas hemos decidido que nuestra prioridad principal es que José sea liberado bajo fianza", dijeron las jóvenes a través de un mensaje hecho público por su abogado. "Mientras que nosotras nos tenemos una a la otra, él está solo sin una fuente inmediata de apoyo".

Para dicho propósito, DreamActivists PA pidió contribuciones económicas de la comunidad a través del sitio web https://action.dreamactivist.org/bail para cubrir el costo de la fianza, que fue de $3.000 por cada uno de los jóvenes.

Finalmente Luna fue liberado el pasado sábado 30 de junio, y participó en la vigilia que se llevó a cabo el domingo, día en que Quintana y Nuñez fueron liberadas.

"Sí que valió la pena", dijo Luna, quien desde días antes había anunciado junto con Quintana y Nuñez, que estaba dispuesto a ser arrestado.

"Voy a arriesgarme porque quiero que la comunidad indocumentada de nuestro estado entienda el poder de nuestras voces", dijo Quintana. "Deberíamos olvidarnos del miedo y salir porque cuando estamos unidos y organizados somos más fuertes".

Por su parte, Nuñez dijo que estaba dispuesta porque "quiero mostrarle a mis hermanas y a mi madre que no tienen que seguir siendo víctimas de la cultura de miedo que ICE ha perpetuado. Quiero que todos sepan que no tenemos que escondernos o sentirnos avergonzados".

Los jóvenes instaron a otros como ellos a salir de las sombras. Y es que consideran que mientras más públicos sean sobre su estatus migratorio, están más seguros, ya que así tienen una red de apoyo a su disposición. 

Repercusiones

La abogada de inmigración Christina Crudden, con sede en Filadelfia, dijo que no cree que estos jóvenes puedan verse afectados por su arresto para recibir un alivio temporal a la deportación, de acuerdo con un nuevo memorando del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunciado el pasado 15 de junio.

Esta nueva política, cuyo marco de implementación será delimitado dentro de los 60 días posteriores a la publicación del memorando, permitiría a quienes fueron traídos a este país como menores de edad y cumplan ciertos requisitos, ser considerados para recibir acción deferida por un periodo de dos años, sujeto a renovación, y solicitar autorización para trabajar legalmente en este país.

Entre los requisitos, está el que establece que solo serán elegibles quienes no hayan sido enjuiciados por delitos graves, o delitos menores significativos o en múltiples ocasiones y no representen una amenaza a la seguridad nacional o pública.

"Sería absurdo que la nueva política castigara a quienes han sido arrestados por desobediencia civil y por llevar a cabo las protestas que han servido para hacer presión para la implementación de la misma", dijo Crudden.

La abogada dijo sentirse "cautelosamente optimista" sobre la nueva política, pese a que otras anteriores que ya establecían discreción procesal para ciertos indocumentados, entre ellos estudiantes, "no han beneficiado a tanta gente como podrían".

Agregó que a diferencia de otras políticas anteriores que establecían discreción procesal para ciertos indocumentados, y tras las cuales recibió una infinidad de llamadas de personas que buscaban más información al respecto, en esta ocasión han sido pocas las llamadas.

"No ha habido una respuesta abrumadora. En parte porque la cantidad de personas que podrían verse beneficiadas es muy pequeña", dijo Crudden. "Además, los estudiantes indocumentados suelen ser muy educados, y quienes califican para ser elegibles están bien informados de lo qué está pasando porque han estado participando en los esfuerzos que llevaron a esta acción".

Sin embargo, considera que para algunos jóvenes indocumentados podría ser difícil reunir los documentos necesarios para comprobar que han vivido en EE.UU. por lo menos por un periodo de 5 años previo al anuncio de la política, lo cual es uno de los requisitos.

A la espera de que más detalles de la nueva política sean publicados por DHS, Crudder dijo que espera que eventualmente haya una ley más integral que beneficie a más personas.

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