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Los consultores en temas migratorios que
no sean abogados deberán registrarse obligatoriamente en la División
de Protección al Consumidor del Departamento de Comercio de Utah a
partir del próximo 1 de julio, en cumplimiento con una ley que busca
reducir el fraude contra inmigrantes.

La SB144, conocida como Ley de Registro de Consultores de
Inmigración, fue aprobada este año con el propósito de regular las
actividades de esos consultores, quienes deberán obtener el permiso
correspondiente y cumplir con otros requisitos para ejercer esa
profesión.

La ley también establece sanciones, desde multas (con un máximo
de 5.000 dólares) a cargos formales, para quienes la infrinjan y
para quienes intencionalmente defrauden a inmigrantes que buscan
ayuda para trámites o formularios.

"Es una ley histórica que desde ahora protegerá a las personas de
aquellos embusteros que se aprovechan de los más vulnerables y se
hacen pasar como 'abogados' o 'notarios públicos', usando esa
traducción común", dijo la senadora estatal Luz Robles, demócrata
del Distrito 1 de Utah y principal impulsora de la medida.

La ley, puntualizó Robles, también "busca legitimar las prácticas
de quienes realmente ayudan a estas comunidades (de inmigrantes) en
nuestro estado.

Desde el domingo, los consultores migratorios deberán
inscribirse, recibir el permiso y obtener los seguros
correspondientes.

La ley define al consultor de inmigración como "una persona que
provee ayuda no desde un punto de vista legal o consejos sobre temas
migratorios". Esos temas pueden relacionarse con leyes federales o
estatales, y pueden incluir completar o traducir documentos o
formularios, o ayudar a gestionar documentos como actas de
nacimiento.

Para recibir sus permisos, los consultores de inmigración deberán
pasar por un chequeo de antecedentes criminales, presentar un seguro
por un valor de 50.000 dólares y pagar un arancel de 240 dólares.

El trámite deberá renovarse cada año y excluye a abogados y a
personas que, sin ser abogadas, están autorizadas a representar a
otras personas ante la Junta Federal de Apelaciones de Inmigración
(FBIA, en inglés) o los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de
Estados Unidos (USCIS).

La nueva ley también establece que los consultores migratorios
deberán detallar sus servicios en un contrato escrito tanto en
inglés como en la lengua natal del cliente.

Como parte de la implementación de la ley, la División de
Protección al Consumidor ya cuenta con personal hispano que ayudará
a aquellos inmigrantes que necesitan más información en español o
que deseen presentar una denuncia, dijo Jennifer Bolton, portavoz
del Departamento de Comercio de Utah.

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