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El Gobierno de México lamentó este lunes que el
Tribunal Supremo de Estados Unidos "no haya encontrado, en principio,
elementos para declarar inconstitucional" la sección de la ley SB1070
que permite a la policía comprobar sin motivo aparente la identidad de
los inmigrantes.

La sección 2B de esta normativa "faculta a
las autoridades estatales en casos de detención o arresto a verificar,
bajo ciertas circunstancias, la condición migratoria de las personas",
recuerda en su comunicado la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE)
de México.

"Al respecto, el Gobierno de México toma nota de
que la decisión de la Corte deja abierta la posibilidad de que dicha
sección se impugne una vez que entre en vigor y en tanto las cortes
inferiores establecen un criterio para su aplicación", agrega la
Cancillería.

El Supremo dejó este lunes en pie la cláusula que
autoriza a la policía y otros agentes del orden a verificar el estatus
migratorio de personas sobre las que tengan "una razonable sospecha" de
que se encuentran en el país de manera ilegal, pero suprimió otras tres.

En un dictamen de 76 páginas, ratificó parte del fallo del noveno
tribunal de apelaciones, lo que representa una victoria política para el
Gobierno de Barack Obama, que había cuestionado la competencia de los
estados federados para legislar en materia de inmigración.

Pese a la valoración parcialmente negativa de la decisión sobre la
SB1070, México "reconoce que la Corte estableció que las secciones 3,
5(c) y 6 de la ley continuarán suspendidas al haber sido declaradas
inconstitucionales", lo que se puede interpretar como un avance por
parte del Gobierno de este país.

"La última de estas secciones
pretendía autorizar a las autoridades locales a arrestar sin una orden
judicial a cualquier persona cuando hubiera 'causa probable' para
suponer que pudiera ser sujeta a ser removida de Estados Unidos", indicó
la SRE.

Para México, la ley SB1070 y otras similares "no
reconocen las numerosas contribuciones de los migrantes a sus
comunidades de destino", al tiempo que "conlleva altos costos políticos y
no contribuye al entendimiento entre nuestras sociedades", detalla la
SRE.

"La aplicación de dichas leyes estatales podría resultar
en violaciones a los derechos civiles de los mexicanos que residen o
visitan estados donde han entrado en vigor", agrega.

El
Gobierno mexicano cree que la sentencia del Supremo "tendrá amplias
implicaciones legales y políticas" por sí misma, al igual que "la
posterior interpretación por las cortes estadounidenses de la sección
que no fue bloqueada".

A futuro, "el Gobierno de México
seguirá abogando por la adopción de esquemas que reflejen la
complementariedad de las economías y mercados laborales de América del
Norte", aclara la Cancillería.

"Para impulsar el bienestar, la
prosperidad y la competitividad en la región, los flujos migratorios
deben ser legales, seguros, ordenados, y respetuosos de los derechos
humanos", indica el comunicado.

Además, señala que los
consulados y la embajada de México en EE.UU. seguirán "manteniendo
debidamente informadas a las comunidades mexicanas sobre los alcances y
efectos de la decisión adoptada este lunes y de las que se tomarán en las
siguientes etapas de las demandas en curso".

La ley SB1070 de
Arizona fue promulgada en medio de un intenso debate sobre su carácter
discriminatorio por la entonces gobernadora republicana Jan Brewer, en
abril de 2010, con la férrea oposición de grupos pro inmigrantes. 

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