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El Tribunal Supremo de EE.UU. anuló este lunes la
mayoría de las cláusulas de la polémica ley SB1070 de Arizona, que
convierte en delincuentes a los inmigrantes sin papeles en ese estado.

En su dictamen de 76 páginas, el Tribunal Supremo reafirmó, no obstante, parte del fallo del noveno tribunal de apelaciones.

La decisión supone una victoria política para el Gobierno de Barack
Obama, que había cuestionado la competencia de los estados federados
para legislar en materia de inmigración.

En su dictamen, los jueces anularon las secciones 3, 5 y 6 de la SB1070, pero reafirmaron, otras.

Así, las autoridades estatales de Arizona podrán continuar aplicando
la cláusula que les permite verificar el estatus migratorio de personas
que detenga por otras infracciones, algo que, según los activistas
pro-inmigrantes dará licencia a la discriminación racial en el estado.

La ley SB1070 de Arizona había sido promulgada por la gobernadora
republicana Jan Brewer en abril de 2010 con la férrea oposición de
grupos pro-inmigrantes.

El dictamen, según analistas, tendrá
amplias repercusiones electorales, además de que afectará el futuro
rumbo de leyes estatales que se inspiraron en la SB1070 para combatir la
inmigración ilegal.

El Tribunal Supremo tenía ante sí varios
escenarios posibles: anular sólo aquellas secciones que suponían una
intrusión en la autonomía del Gobierno federal; dejarlas en pie en aras
del reforzamiento de la seguridad pública, o anular unas y validar
otras.

El fallo del Tribunal Supremo se produjo después de que
el pasado 15 de junio, la Administración Obama decidiera suspender la
deportación de estudiantes indocumentados de hasta 30 años de edad y que
entraron a EE.UU. cuando eran menores.

El debate sobre qué
hacer con los aproximadamente once millones de indocumentados que se
calcula viven en EE.UU. ha llegado hasta la contienda electoral, en unos
momentos en que los votantes hispanos se perfilan como un bloque
definitorio en varios estados clave como Nevada, Florida, Nuevo México y
Colorado.

El caso de la SB1070 llegó ante el Tribunal Supremo
porque la gobernadora Brewer impugnó la decisión de otros tribunales de
bloquear las partes más polémicas de la ley estatal.

Esas
jurisdicciones inferiores coincidieron con el Departamento de Justicia
en que esas partes de la ley usurpaban los poderes del Gobierno federal
para aplicar las leyes de inmigración.

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