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El presidente Felipe Calderón, quien
convirtió la lucha contra el narcotráfico en su principal bandera, llega
a la recta final de un mandato marcado por las 50.000 víctimas de la
ola de violencia.

Después de seis años en el Gobierno,
Calderón entregará al vencedor de las elecciones del 1 de julio un país
convulsionado, "que no está en paz, ni tranquilo y con regiones que se
han vuelto ingobernables", dijo el analista Salvador García Soto.

"El balance final, el saldo para los mexicanos, va a ser negativo"
porque entregará un México con muchos lugares donde "el crimen
organizado está literalmente gobernando o disputándole al Estado las
facultades esenciales de seguridad, incluso del cobro de impuestos",
apuntó.

Aunque prometió en campaña ser el "presidente del
empleo", una vez en el poder, Calderón lanzó una "guerra" contra el
crimen organizado con la participación de miles de soldados y policías
federales cuyos resultados han sido pobres.

Esa estrategia
exacerbó los niveles de violencia; se multiplicaron los hallazgos de
cadáveres decapitados y desmembrados, así como de fosas clandestinas con
todo tipo de víctimas, incluidos inmigrantes centroamericanos
inocentes.

Quien enfrenta esta lucha y "no lo hace bien, va a
pagar el costo político de los 50.000 o más muertos que son atribuidos a
este conflicto entre bandas criminales" y de éstas con las fuerzas de
seguridad, declaró el politólogo Carlos Elizondo.

El
investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE)
destacó que si bien Calderón "no tenía mucha alternativa porque la
violencia venía creciendo desde 2005", será recordado "por los costos de
lo que él llamó la guerra contra el narcotráfico".

"El legado
final de Calderón va a depender de cómo termine este espantoso ciclo de
violencia que ha sufrido México", indicó y añadió que las violaciones a
los derechos humanos serán "uno de los grandes temas que perseguirá al
presidente", que concluirá su mandato el 1 de diciembre próximo.

"Creo que van a sobrar casos de abusos, de errores, de inocentes
afectados por las fuerzas federales (que participan en el combate al
crimen organizado), cuyo responsable último es el presidente Calderón",
señaló.

"Este es uno de los grandes costos que él en lo
personal pagará", aseguró el exembajador ante la Organización para la
Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), al recordar la demanda
presentada contra Calderón ante la Corte Penal Internacional (CPI).

"Aunque no sabemos cuál será el cauce jurídico" de esta demanda,
presentada en noviembre de 2011 por presuntos crímenes de lesa humanidad
cometidos en la lucha contra el narcotráfico, habrá otros actos
jurídicos que tendrá que soportar, insistió.

Numerosas ONGs
han denunciado un incremento dramático de los abusos cometidos por
policías y soldados, que en su gran mayoría no son castigados.

En un informe de 2011, Human Rights Watch (HRW) reúne evidencias que
sugieren la participación de militares en más de 170 casos de tortura,
39 desapariciones y 24 ejecuciones extrajudiciales en el actual Gobierno
y duda de la afirmación de Calderón de que el 90 % de muertes
vinculadas al narcotráfico corresponden a delincuentes.

Según
datos oficiales publicados en enero, 47.515 personas murieron en
acciones atribuidas a la delincuencia organizada de diciembre de 2006 a
septiembre de 2011, un número que el Movimiento por la Paz con Justicia y
Dignidad (MPJD) ya eleva a 60.000 y a 20.000 en el caso de los
desaparecidos.

Ese movimiento, que surgió en mayo de 2011 tras
el asesinato del hijo del poeta Javier Sicilia a manos de un cartel de
las drogas, ha logrado poner en el centro de la atención a las víctimas
de la violencia.

Encabezado por Sicilia, el MPJD ha realizado
dos caravanas por el país y se ha reunido en varias ocasiones con
Calderón para pedirle un cambio en la estrategia de seguridad, así como
justicia, verdad y reparación para las víctimas.

Calderón,
cuyo nivel de aprobación era del 48 % en junio pasado, dijo estar
dispuesto a modificar su política en aspectos donde sea susceptible de
mejora, pero hasta ahora no ha realizado cambios significativos.

A cinco meses de concluir su administración, defiende a capa y espada su estrategia.

Admite que probablemente muchos recuerden su gestión por la violencia
y el crimen, pero confía en que la Providencia ponga "a la gente
correcta en el lugar correcto".

En materia económica, el
legado positivo será la solidez macroeconómica y un renacimiento
industrial, y el negativo, un bajo crecimiento que genera exclusión,
desigualdad y pobreza, añadió Elizondo.

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